La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso para el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por su responsabilidad en la manipulación de los índices de inflación del INDEC durante su gestión en el gobierno kirchnerista. Además, fue inhabilitado por seis años para ejercer cargos públicos, aunque no quedará detenido, dado que la pena no es de cumplimiento efectivo.
El mismo fallo alcanzó a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), quien recibió la misma pena e inhabilitación. En tanto, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia fueron absueltas, aunque la fiscalía había pedido que también fueran condenadas como partícipes necesarias.
La decisión fue tomada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, integrantes de la Sala II de la Cámara, quienes rechazaron todos los recursos presentados tanto por las defensas como por la fiscalía. También ratificaron que la causa no estaba prescripta y consideraron probado que Moreno indujo la manipulación de los índices y que Paglieri ejecutó los cambios sin contar con atribuciones legales, lo que derivó en la inutilización de registros públicos.
El tribunal consideró que los acusados falsearon deliberadamente los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y junio de 2007 para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y en agosto de ese mismo año para Mendoza. Los datos fueron difundidos en informes de prensa oficiales del INDEC, lo que, según el fallo, afectó la confianza pública y la credibilidad de las estadísticas oficiales.
En su voto, la jueza Ledesma sostuvo que no corresponde aplicar el delito de falsedad ideológica porque los informes del INDEC no pueden considerarse instrumentos públicos, aunque sí consideró acreditada la destrucción de registros oficiales y el abuso de autoridad.
Por su parte, el juez Yacobucci fue contundente en su crítica al accionar de los funcionarios condenados, al advertir que sus actos "integran una matriz de corrupción que afecta el funcionamiento transparente del Estado y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas".
La defensa de Moreno había pedido su absolución o la revisión de la pena, alegando que no se violó el secreto estadístico y que el caso ya estaba prescripto. Sin embargo, la Cámara desestimó sus argumentos.
La ratificación de esta condena se da en el marco de un contexto político especial: pese al reciente impulso de la ley de "Ficha Limpia", que busca impedir que condenados por corrupción sean candidatos
