El Gobierno nacional confirmó este viernes el inicio del proceso para privatizar la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una decisión que representa un nuevo avance en la política de desestatización impulsada por la administración de Javier Milei. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde brindó detalles sobre el mecanismo que se utilizará para la incorporación de capital privado.
Según explicó Adorni, el plan contempla la transferencia del 90% de las acciones de AySA mediante un esquema mixto que combinará una licitación pública nacional e internacional -para elegir un operador estratégico- con una oferta pública inicial (IPO) que permita a otros inversores acceder al capital accionario. El 10% restante quedará reservado para los trabajadores de la empresa, quienes podrán ejercer la titularidad de ese porcentaje bajo el Programa de Propiedad Participada, vigente desde la década de 1990.
"La intención del Gobierno es que los empleados puedan formar parte del nuevo esquema de gestión. Ese 10% refleja una participación real en la toma de decisiones y en los beneficios de una empresa que debe dejar de ser una carga para el Estado", remarcó Adorni.
Críticas a la gestión estatal y promesas de eficiencia
Durante la conferencia, el vocero presidencial hizo un repaso crítico del desempeño de AySA desde su estatización en 2006. Señaló que, en casi dos décadas bajo gestión estatal, la empresa consumió 13.400 millones de dólares del presupuesto público. "Pese a ese gasto, los indicadores clave muestran un fuerte deterioro en la infraestructura", dijo, y apuntó que la dotación de personal creció un 90%, mientras que la morosidad de los usuarios trepó al 16%, cuando históricamente rondaba el 4%.
Adorni aseguró que el nuevo modelo permitirá modernizar el servicio de agua y saneamiento, mejorar los precios y optimizar la calidad, al tiempo que estará regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de supervisar los procesos de apertura al capital privado.
Denuncias sobre uso político y gastos discrecionales
En otro tramo de su exposición, el vocero denunció el uso político que habría tenido AySA en la última gestión. "Solo entre 2020 y 2023, se destinaron 4.800 millones de dólares a la empresa, de los cuales apenas 200 millones fueron a obras, y el 25% de esas obras se concentraron en Tigre y Malvinas Argentinas, los municipios de origen de la conducción de entonces", subrayó. A esto sumó que, según registros oficiales, 1.300.000 pesos fueron gastados en sponsoreo de eventos en esas mismas jurisdicciones.
También mencionó compras de vehículos con sobreprecios: "En septiembre de 2023 se adquirieron las famosas camionetas Kangoo, por valores muy superiores a los del mercado".
