Cargando...El gobernador Alfredo Cornejo promulgó este jueves la Ley N° 9666, que obliga al Poder Judicial de Mendoza, especialmente al fuero Penal, a extender el horario de funcionamiento y realizar audiencias en turno vespertino. La medida busca acelerar los procesos judiciales y optimizar el uso de las salas de audiencias, que permanecen vacías durante gran parte de la tarde.
La norma, puesta en vigencia a través del Decreto N° 2193, fue sancionada semanas atrás por la Legislatura provincial y reforma las leyes N° 6730, 8008 y 9040, que regulan el Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal y la creación del fuero penal colegiado.
Según explicó el Gobierno provincial, la reforma apunta a modernizar el sistema judicial penal, ampliando la franja horaria de audiencias hasta las 19 horas, con el fin de ordenar la agenda de trabajo y distribuir mejor la carga entre jueces, fiscales y defensores.
Las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia evidencian la necesidad del cambio: de las 45.500 audiencias realizadas entre 2023 y 2024, el 86% se concretó por la mañana, apenas un 2% cerca de las 17 horas y ninguna después de las 18. Esta concentración genera sobrecarga en el turno matutino y capacidad ociosa en horario vespertino, algo que el nuevo esquema pretende revertir.
La ley también refuerza la participación de los ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, ampliando la capacidad operativa de un sistema que hoy enfrenta un importante volumen de causas. En 2023, los Tribunales Penales Colegiados recibieron 1.871 expedientes, mientras que los Juzgados Penales Colegiados tramitaron cerca de 20.000, una desproporción que la reforma busca corregir.
Además, se reorganizará la oficina de audiencias, con el objetivo de reducir reprogramaciones, descomprimir las mañanas y garantizar el cumplimiento de los plazos procesales.
Otro punto clave es la redistribución de competencias: los Tribunales Penales Colegiados podrán ahora intervenir en debates correccionales -unas 4.000 audiencias anuales- que antes quedaban a cargo de los Juzgados Penales Colegiados. Esto permitirá acelerar la resolución de causas y equilibrar la carga laboral.
La ley también incorpora un mecanismo de seguimiento interno: cada Colegio de Jueces de las circunscripciones judiciales deberá elegir representantes titulares y suplentes que informen periódicamente a la Sala Administrativa de la Suprema Corte sobre el funcionamiento del sistema y elaboren un informe anual de gestión judicial.
