La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó este jueves en la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, que contempla una inversión superior a $481.500 millones destinada a políticas de seguridad pública y penitenciaria. La funcionaria detalló ante las comisiones de Hacienda los siete ejes de gestión que marcarán la política del próximo ejercicio, con una fuerte apuesta por la modernización tecnológica, la ampliación de la infraestructura carcelaria y la actualización del marco legal policial.
"El 2025 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad provincial. Logramos la inversión en bienes de capital más alta de la década y consolidamos la base tecnológica y operativa del nuevo modelo de seguridad", subrayó Rus, al introducir la pauta presupuestaria que busca "integrar todos los recursos bajo un sistema inteligente, eficiente e integrado".
Obras penitenciarias y reinserción laboral
Entre los proyectos centrales se destacan dos grandes obras penitenciarias: una nueva Unidad Penal en El Cerrito (San Rafael), de 6.800 metros cuadrados y 200 plazas, y la ampliación de Almafuerte III (Luján de Cuyo), que sumará 600 nuevas plazas con 5.000 metros cubiertos.
"Necesitamos ampliar las plazas del Servicio Penitenciario. Son obras fundamentales que modernizarán el sistema y acompañarán los nuevos paradigmas de control y reinserción", afirmó la ministra.
La inversión también contempla el fortalecimiento del control tecnológico en los establecimientos actuales -con cámaras de precisión, detectores de metales y reconocimiento facial del 100 % del personal-, y la expansión de estos sistemas hacia el sur provincial.
En paralelo, Rus ratificó su compromiso con la reinserción social de los internos: anunció un proyecto de ley para penas cortas, destinado a delitos menores como hurtos o robos simples, con programas de formación laboral y educativa.
"Queremos evitar que quien recupera la libertad vuelva a delinquir. La educación y el trabajo son la base de ese cambio", remarcó.
Durante 2025 se inauguró una universidad dentro del penal de Almafuerte II, equipada con biblioteca, aulas y salas informáticas, además de la primera industria penitenciaria provincial, dedicada a la producción de papel higiénico e insumos básicos. "Se generó un círculo virtuoso: las empresas compran, los internos aprenden un oficio y la sociedad gana en seguridad y oportunidades", destacó.
Ley "antiaguantadero": intervenir inmuebles usados para delinquir
Otro de los anuncios más relevantes fue la presentación de una ley "antiaguantadero", elaborada junto a intendentes y jefes de seguridad municipal. La iniciativa busca permitir la intervención de viviendas o terrenos abandonados utilizados como refugios de delincuentes o puntos de venta de drogas.
"Queremos cortar de raíz los lugares donde se esconden los delincuentes. Muchos inmuebles abandonados son foco de delitos y afectan la seguridad pública", sostuvo Rus.
La normativa establecerá mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil y los municipios, preservando la titularidad de las propiedades pero garantizando la seguridad comunitaria. Rus recordó que durante el último año se demolieron varios búnkeres y aguantaderos en Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Ciudad mediante operativos conjuntos.
Actualización del uso de armas de fuego
La ministra también anunció una modificación de la Ley 6722 de la Policía, con el objetivo de actualizar los criterios sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.
"Buscamos fortalecer la actuación policial con reglas claras, que protejan al efectivo y garanticen la seguridad pública. La ley actual quedó desactualizada frente a las demandas operativas", explicó.
La iniciativa dialoga con un proyecto similar impulsado por los diputados Enrique Thomas (Cambia Mendoza) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), al que Rus propuso incorporar modificaciones "para evitar superposiciones y lograr un texto unificado".
Un sistema de seguridad inteligente, eficiente e integrado
En el desglose del presupuesto, la funcionaria delineó siete ejes estratégicos para 2026:
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Seguridad inteligente e integrada, con la consolidación del 911 como cerebro operativo, ampliación de la videovigilancia y patrulleros inteligentes.
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Fuerza profesional y cercana, con más policías formados y mejor equipados, y comisarías móviles que funcionen como bases operativas itinerantes.
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Sistema penitenciario moderno y seguro, con tecnología de control, inhibidores, cámaras y sistemas antidrones.
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Ciencia y tecnología para la prevención e investigación, mediante laboratorios provinciales de genética, balística, seguridad vial y criminalística digital.
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Seguridad territorial y regional, articulando operativos con municipios, provincias vecinas y fuerzas federales.
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Prevención y comunidad, a través de programas de convivencia segura y asistencia a víctimas.
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Modernización y transparencia, con actualización normativa y control interno fortalecido.
Entre las principales acciones previstas se destacan la ampliación del sistema 911, la duplicación de comisarías móviles, la incorporación de bodycams y drones, la finalización de la red Tetra, y la consolidación de cuatro laboratorios especializados que harán de Mendoza la única provincia con esa infraestructura científica aplicada a la seguridad pública.
Trabajo conjunto con municipios y mirada regional
Rus subrayó la importancia del trabajo articulado con los municipios, destacando los avances en los centros de monitoreo de Lavalle, Godoy Cruz, Junín y General Alvear, y anticipó la instalación de nuevos centros en Capital, Luján y Guaymallén.
Asimismo, resaltó el programa "Espacios Más Seguros", que forma preventores municipales para colaborar con la policía en zonas comerciales y barrios con alta incidencia delictiva.
"Estamos poniendo el foco en los delitos menores, pero de fuerte impacto social, como los robos simples y los hurtos", apuntó.
"Mendoza ingresa a 2026 con una fuerza profesional y legitimada"
Hacia el cierre de su exposición, Rus destacó que la provincia "ingresa a 2026 con una fuerza de seguridad profesional, tecnológicamente equipada y socialmente legitimada, respaldada por una legislación actualizada y un sistema de control y formación permanente".
"Hasta aquí hemos obtenido resultados; ahora, con todo esto integrado, esperamos avistar la madurez del sistema para sostener una política de seguridad inteligente, eficiente, preventiva e integral", concluyó la ministra.
