La Cámara Nacional Electoral resolvió que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del 26 de octubre deberán publicarse por provincia y no de manera global. La decisión, adoptada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, busca garantizar la transparencia del proceso electoral y mantener el criterio histórico de que el recuento de votos se realice por distrito, tal como establece la legislación vigente.
El fallo responde a un planteo presentado por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda, que cuestionaron el simulacro realizado el fin de semana por la Dirección Nacional Electoral (DINE). En esa prueba, el Gobierno había difundido resultados consolidados a nivel nacional según alianzas políticas, una práctica inédita para una elección legislativa. La oposición consideró esa metodología arbitraria y contraria a las normas electorales, ya que cada provincia constituye un distrito independiente con su propio proceso de votación.
En su resolución, la Cámara recordó que los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional establecen que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son distritos electorales para la elección de senadores y diputados nacionales. Los jueces advirtieron que no existe margen de interpretación que permita unificar el escrutinio en todo el territorio, como sí ocurre en los comicios presidenciales.
El tribunal sostuvo que los resultados deben computarse y publicarse por distrito, dado que los escaños legislativos se asignan según los votos obtenidos en cada provincia. Por ello, ordenó a la Dirección Nacional Electoral que respete este criterio en la difusión de los datos provisorios la noche de la elección.
La decisión judicial fue interpretada como un respaldo a los reclamos de la oposición, que había alertado sobre la posibilidad de que la presentación de resultados unificados pudiera distorsionar la percepción del voto y proyectar una falsa imagen de apoyo nacional al oficialismo. Con esta resolución, la Cámara Nacional Electoral ratificó su papel como garante de la legalidad y la transparencia del proceso electoral argentino.
