"La situación emocional del personal policial y penitenciario de Mendoza dejó de ser un rumor disperso para convertirse en un llamado de auxilio que ya no admite más silencios". Así lo planteó el Presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, al presentar un proyecto de resolución que exige información precisa y actualizada sobre la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
"Nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo con los efectivos de la policía. Suena alarmante la cantidad que se ha quitado la vida", sostuvo el legislador sanrafaelino.
El reclamo tomó forma tras meses de visitas institucionales, reuniones vecinales y diálogos con agentes, en los que aparece un deterioro emocional cada vez más profundo. Lo que comenzó con comentarios aislados terminó convirtiéndose en un fenómeno reiterado y visible. "Queremos saber si esto se replica en el Servicio Penitenciario, pero la información no aparece en la página del Ministerio", advirtió.
La ausencia de datos certeros llevó a que la problemática se analice, hasta ahora, a partir de notas periodísticas, testimonios anónimos o mensajes reenviados entre compañeros. La iniciativa solicita saber cuántos agentes se encuentran bajo carpetas médicas por trastornos emocionales y cómo ha evolucionado esta situación desde 2020. "Es un dato clave para poder trabajar seriamente y evaluar si ha habido un crecimiento de los índices", remarcó.
En paralelo, las estadísticas disponibles marcan una señal de alarma. En el último año, seis policías se suicidaron en Mendoza, una cifra que, en términos proporcionales, representa un índice diez veces superior al de la población civil. El dato, contundente y difícil de ignorar, sitúa la problemática en un nivel de gravedad que exige respuestas inmediatas.
A este cuadro se suma una realidad económica que profundiza el desgaste emocional. Los bajos salarios, alquileres y servicios cada vez más altos, junto con el incremento del costo de vida, obligan a los agentes a multiplicar horas de servicio o endeudarse. "Muchos policías se ven obligados a buscar ingresos extra o asumir deudas para sostener a sus familias", señaló Gómez, aludiendo a una presión que se acumula sobre jornadas ya de por sí extensas y emocionalmente exigentes.
La falta de descanso, la exposición permanente a situaciones críticas y la escasez de acompañamiento psicológico, conforman un terreno propicio para crisis que podrían prevenirse. Informes de gestiones anteriores ya habían advertido sobre la centralidad de la salud mental para el funcionamiento del sistema de seguridad; sin embargo, la ausencia de políticas sostenidas agravó la vulnerabilidad del personal.
La Ley 6.721 define la integridad psicofísica del personal de seguridad como un componente esencial del sistema. A su vez, los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, obligan al Estado a garantizar condiciones laborales que no pongan en riesgo su salud.
Con ese fundamento, Germán Gómez expresó que "no podemos pedir que cuiden a la sociedad si no cuidamos a quienes nos cuidan", advirtió. Mientras tanto, miles de agentes cumplen sus funciones en un contexto que, para muchos, se ha vuelto emocionalmente insostenible.
