El Gobierno de Mendoza dispuso la exoneración definitiva de los ex agentes del Servicio Penitenciario provincial condenados por torturas cometidas en 2011 contra un interno del Complejo Penitenciario San Felipe. La medida, publicada en el Boletín Oficial, constituye la sanción administrativa más grave prevista por la normativa y se aplicó luego de que la condena penal quedara firme.
La resolución alcanza a Daniel Adrián Perón González, José Alejandro Arredondo Ahumada, Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno, Germán Orlando Núñez Aciar, Edgardo Yoel Quero Rey, Luis Alejandro Dambrosio Orozco y Johnny Segundo Navarro Ballesteros. Los hechos, ocurridos durante el gobierno de Celso Jaque, fueron registrados en video desde un teléfono celular y tuvieron amplia repercusión internacional.
En septiembre de 2019 la Justicia mendocina condenó a los implicados a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Esa sentencia quedó firme tras agotar las instancias de revisión.
En el ámbito administrativo, los agentes habían sido sancionados con cesantía en 2013, una medida que implica la expulsión del cargo pero que no tiene carácter definitivo. La ley establece que, una vez firme la sentencia penal, la sanción debe agravarse, motivo por el cual se sustituyó la cesantía por la exoneración.
La exoneración implica la expulsión total e irreversible del Estado, la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, afectaciones previsionales y la incorporación de un antecedente de máxima gravedad. A diferencia de la cesantía, no admite reincorporación ni acceso a beneficios asociados a la carrera estatal.
La resolución ordena además a las áreas de Recursos Humanos revisar si existieron percepciones indebidas de haberes por parte de los ex agentes y, de ser así, iniciar los procedimientos de restitución. También instruye notificar a la ANSES y a los organismos previsionales para que se apliquen las consecuencias legales correspondientes.
