Una auditoría interna realizada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló una irregularidad de fuerte impacto fiscal y político: el Gobierno nacional detectó que 178 mil personas fallecidas figuraban como beneficiarias activas de pensiones por discapacidad, percibiendo prestaciones de manera indebida. El hallazgo fue validado mediante el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), según confirmaron fuentes oficiales.
La detección se conoció en una semana atravesada por la controversia en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad y se produjo en el marco del proceso de revisión integral que encabeza el interventor Alejandro Vilches, designado tras la salida de Diego Spagnuolo. El exfuncionario quedó envuelto en un escándalo luego de la difusión de audios que lo vinculan con presuntos pedidos de coimas, situación que precipitó su apartamiento del organismo.
A partir de los resultados preliminares de la auditoría, el Ejecutivo autorizó bajas masivas de certificados y comenzó a analizar la posibilidad de avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes habrían cobrado indebidamente los beneficios como contra prestadores que podrían haber participado de la maniobra. En la Casa Rosada calificaron la situación como una "estafa al Estado" y anticiparon que se profundizarán los cruces de datos para establecer responsabilidades administrativas y penales.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el instrumento que habilita el acceso a prestaciones de salud, asistencia social y beneficios económicos, y es otorgado por juntas interdisciplinarias tras evaluaciones médicas y sociales. Las inconsistencias detectadas forman parte de una auditoría integral iniciada el 28 de agosto, que también incluye la revisión de contratos, procesos internos y circuitos de control del organismo.
En paralelo, el Gobierno detectó un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, un dato que encendió nuevas alertas sobre la operatoria de la ANDIS. Aunque se evaluó quitarle autonomía al organismo y transferirlo al ámbito del Ministerio de Salud, esa alternativa fue finalmente descartada.
Con la discusión legislativa aún abierta y el Presupuesto 2026 como telón de fondo, la administración de Javier Milei resolvió no avanzar con la derogación de la normativa vigente y trabajar en modificaciones parciales, en un escenario atravesado por tensiones políticas y eventuales derivaciones judiciales. Los resultados finales de la auditoría aún no están cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.
