El Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de una Especialización en Controles Mineros destinada a inspectores del Estado, una iniciativa que busca jerarquizar y modernizar las tareas de fiscalización mediante una capacitación conjunta, interdisciplinaria y con criterios unificados para todos los organismos que intervienen en el control de la actividad minera y ambiental.
Durante la presentación, el gobernador Alfredo Cornejo fue enfático al señalar que la Provincia cuenta con una amplia estructura de inspectores en la calle, pero que históricamente ha funcionado de manera fragmentada. "El Estado tiene un montón de inspectores, pero la fiscalización no está integrada. Hemos sistematizado la ineficiencia y necesitamos utilizar mejor esos recursos", afirmó.
En ese sentido, Cornejo sostuvo que la capacitación conjunta es una herramienta clave para revertir esa lógica. "Cada organismo tiene saberes específicos, pero necesitamos una formación interdisciplinaria, con una base común de conocimiento, que permita fiscalizar de manera más eficaz", explicó. El mandatario remarcó que la iniciativa tendrá como eje a la policía ambiental minera, pero también incorporará a la Policía Vial, Gendarmería, Vialidad Provincial y Nacional, municipios y otros entes con capacidad de control en rutas, accesos y territorios productivos.
El gobernador también destacó que el programa abordará cuatro ejes centrales: trazabilidad y guías de transporte de minerales, seguridad e higiene en operaciones y logística, control de rutas y accesos, y cumplimiento de la normativa ambiental y territorial. "Queremos que todos los agentes públicos que están en la calle tengan un conocimiento unificado, una base mínima común para poder fiscalizar", subrayó.
Además, Cornejo vinculó la iniciativa con el contexto económico. Señaló que, ante un escenario de mayor actividad productiva y minera, el Estado debe estar "en su mejor nivel". "Hay sectores de la sociedad que tienen dudas sobre la capacidad del Estado para controlar. A ellos les decimos que hoy estamos en condiciones muy superiores a las de hace diez años: hemos invertido en tecnología, en movilidad y en formación del personal", aseguró.
"Ampliar el músculo fiscalizador del Estado"
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que el territorio provincial es demasiado extenso para ser controlado únicamente por los cuerpos especializados. "Nunca alcanzarían los efectivos de la policía ambiental minera ni del Ministerio de Ambiente para cubrir todo Mendoza. Pero cuando analizamos al Estado en su conjunto, vemos que existe un gran cuerpo de fiscalizadores", explicó.
Latorre sostuvo que la clave es que todos esos agentes "sepan de todo, aunque tengan competencias distintas". "Si un policía vial detecta una irregularidad en una guía de transporte de minerales, hoy tiene capacidad para sancionar. Lo mismo puede ocurrir con un agente de ISCAMEN o de Vialidad. Si todos tienen una base de conocimiento común, ampliamos el músculo fiscalizador del Estado", afirmó.
La ministra también destacó que esta formación permitirá respuestas más rápidas y coordinadas ante situaciones críticas, como derrames de hidrocarburos o infracciones ambientales en rutas. "Los primeros que llegan suelen ser inspectores municipales, policías viales o gendarmes. Que sepan cómo actuar de inmediato marca una diferencia clave", indicó.
En relación con la participación ciudadana, Latorre recordó que el control estatal se complementa con mecanismos de monitoreo participativo, como las Unidades de Gestión Ambiental que se crean a partir de las declaraciones de impacto ambiental. "La sociedad tiene derecho a controlar y a involucrarse. De hecho, ya hay decenas de inscriptos participando en estos procesos", señaló.
Capacitación virtual y certificación oficial
En tanto, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, brindó precisiones sobre la implementación de la especialización. Confirmó que las inscripciones se abrirán el 6 de febrero, que la cursada será 100 % virtual y que tendrá una carga horaria aproximada de 240 horas.
"El certificado no solo tendrá validez de la Dirección General de Escuelas, sino también del Instituto Provincial de la Administración Pública, lo que le otorga puntaje y valor como antecedente para la carrera administrativa", explicó. En una primera etapa, la capacitación estará dirigida a agentes de la función pública municipal, provincial y nacional con tareas de fiscalización, con un cupo inicial estimado en alrededor de mil personas.
