El cierre de 2025 encuentra a la política argentina atravesada por un cambio de clima profundo y persistente. Así lo confirma el último informe nacional presentado por DC Consultores, la firma dirigida por Aníbal Urios, que relevó la opinión pública durante la primera quincena de diciembre y vuelve a ratificar una tendencia que se consolida desde 2023: el giro de la sociedad hacia un pragmatismo productivo, con fuerte respaldo al rumbo del gobierno de Javier Milei y un rechazo cada vez más explícito a las estructuras tradicionales.
La encuesta muestra un fortalecimiento sostenido de la figura presidencial y un respaldo mayoritario a las reformas estructurales que el oficialismo proyecta impulsar en 2026, especialmente tras la nueva conformación del Congreso.
Uno de los datos más contundentes aparece en torno a la reforma laboral. El 61,4% de los encuestados considera que es "muy urgente" porque el marco normativo actual frena el desarrollo, mientras que otro 10,53% también la define como urgente. En contraposición, solo el 21,05% sostiene que no es necesaria porque implicaría un retroceso en materia de derechos. El dato no es menor: históricamente, cualquier intento de modificar la legislación laboral era leído como un suicidio político. Hoy, esa lógica parece haber quedado atrás.
En línea con este diagnóstico, cuando se consulta sobre qué debería debatir prioritariamente el Congreso, el 45,58% responde que debe discutir "todo" lo vinculado a la reforma laboral. Los juicios laborales (19,73%) y las nuevas relaciones de trabajo (17,01%) aparecen como los temas específicos más relevantes, reflejando una sociedad cada vez más distante del empleo formal tradicional y más cercana a esquemas flexibles.
El rol del Estado es otro de los ejes donde se evidencia el quiebre cultural. El 65,97% de los encuestados define al Estado argentino, sin reformas, como un obstáculo atravesado por la burocracia. Apenas un 17,36% lo ve como un equilibrio necesario para garantizar justicia social y solo un 6,25% lo considera un protector. Para DC Consultores, este dato marca el colapso de la legitimidad del "Estado presente" como herramienta de construcción política: hoy, el ciudadano percibe que el Estado quita más de lo que aporta.
La inseguridad refuerza esta demanda de orden. El 35,21% reclama penas más severas, el 34,51% plantea la necesidad de cárceles privadas ante la falta de control de las públicas y el 21,83% apoya la baja de la edad de imputabilidad. El mensaje es claro: se agotó la paciencia frente al garantismo penal y crece el pedido de consecuencias concretas para el delito, aunque el desafío político sigue siendo canalizar esa demanda sin caer en discursos extremos. Aunque parece que el gobierno apunta a satisfacer gran parte de esa demanda de la población con la presentación de la nueva reforma del Código Penal y la continuidad de la doctrina Bullrich en Seguridad.
En el plano sindical, el informe expone una crisis de representación sin precedentes. Si bien un 40,82% aún considera que los sindicatos son importantes en la vida laboral, el 59,18% opina lo contrario. Pero el dato más contundente aparece cuando se pregunta si representan a los trabajadores: el 80,69% responde que no y los define directamente como un negocio. La figura del dirigente sindical aparece así como un "general sin tropa", con capacidad de daño pero sin legitimidad social, un escenario que reconfigura el poder de veto histórico de estas organizaciones.
El bonus político del estudio proyecta este clima hacia el futuro electoral. Ante la consulta sobre quién debería gobernar después de 2027, Javier Milei encabeza cómodamente con el 52,08%. Un 27,08% afirma que aún falta tiempo, pero deja en claro que "volver atrás ni loco", mientras que Axel Kicillof concentra el 18,75%, confirmando un peronismo reducido a su núcleo duro.
La segunda parte del relevamiento incorpora temas sensibles para provincias como Mendoza. La explotación minera aparece con un fuerte respaldo: el 68,27% se manifiesta a favor por considerarla una actividad que trae desarrollo, frente a un 31,73% que la rechaza por su impacto ambiental. El dato se inscribe en un contexto donde la sociedad prioriza crecimiento y empleo, aunque exige reglas claras y controles efectivos.
Las expectativas para 2026 cierran el cuadro. El 60,38% espera un año de despegue y éxito para la Argentina, mientras que un 13,21% lo define como regular, a la espera de resultados. Para la consultora, este "regular" no expresa indiferencia, sino una paciencia vigilante: el apoyo al rumbo existe, pero no es un cheque en blanco. El contrato con el gobierno es claro y condicional.
La conclusión del informe es categórica: Argentina atraviesa un cambio de época. La sociedad dejó de procesar la realidad desde la defensa de derechos adquiridos para pasar a una lógica de eliminación de obstáculos. El miedo al ajuste fue superado por la urgencia de producir. En ese nuevo sentido común, el Estado burocrático, el sindicalismo tradicional y las corporaciones cerradas aparecen como los principales enemigos del desarrollo. El desafío para la dirigencia política será, de aquí en adelante, entender que el nuevo idioma social ya no se declama: se ejecuta.
