La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó formalmente bajo investigación judicial tras una imputación por presunta evasión impositiva millonaria que involucra a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, a su tesorero y hombre de máxima confianza, Pablo Toviggino, y al resto de la comisión directiva de la entidad. La causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, apunta a una supuesta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de 19.000 millones de pesos.
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial formuló la imputación a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según el organismo, la AFA habría descontado impuestos y contribuciones a terceros en su carácter de agente de retención, pero no los habría ingresado al fisco dentro de los plazos legales.
En la investigación figuran, además de Tapia y Toviggino, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, todos integrantes de la conducción formal de la asociación. La causa tramita en el Juzgado Penal Económico N°5 y quedó encuadrada en la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario y contempla penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen tributos retenidos.
De acuerdo con la denuncia, el esquema habría incluido retenciones vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto a las Ganancias y a aportes a la seguridad social. En una primera instancia, el monto observado rondaba los 7.500 millones de pesos, pero una ampliación posterior elevó la cifra total a 19.353 millones, lo que agravó significativamente la situación procesal de los imputados.
Para ARCA, no se trata de un incumplimiento administrativo sino de una conducta dolosa. En ese sentido, el organismo recaudador sostuvo que la AFA contaba con pleno conocimiento de sus obligaciones fiscales y con capacidad económica para cumplirlas, pero habría utilizado los fondos retenidos para su propio financiamiento. Por ese motivo, solicitó que los responsables sean citados a declaración indagatoria y que, en caso de confirmarse los hechos, se aplique el máximo de las penas previstas por la ley.
La imputación reaviva el foco judicial sobre la conducción del fútbol argentino, que en los últimos años acumuló diversas denuncias vinculadas a su manejo financiero. Entre ellas, se investigan presuntas irregularidades en contratos con empresas privadas cercanas al entorno dirigencial y el origen de bienes de alto valor que, según los expedientes, estarían registrados a nombre de terceros presuntamente utilizados como testaferros.
Hasta el momento, desde la AFA no hubo un pronunciamiento oficial sobre la imputación. En el pasado, la entidad rechazó acusaciones similares y las atribuyó a disputas políticas o a interpretaciones erróneas de su operatoria económica. Sin embargo, la magnitud del monto investigado y el avance formal de la causa colocan a Tapia y a su círculo más cercano en una de las situaciones judiciales más delicadas desde que asumieron el control de la institución.
El desarrollo del expediente en las próximas semanas será clave para determinar si la causa avanza hacia las indagatorias y eventuales procesamientos, en un contexto en el que la AFA concentra poder institucional y maneja recursos millonarios derivados de derechos televisivos, sponsoreo y transferencias internacionales.
