Durante la sesión en la que el Senado sancionó la ley de inocencia fiscal, el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) realizó una extensa defensa del proyecto, al que presentó como una corrección necesaria de un sistema tributario que, según afirmó, se había vuelto anacrónico, punitivo y contrario a principios constitucionales básicos. La ley fue aprobada por mayoría en el senado y junto al Presupuesto marca un cambio de época en la hegemonía legislativa de Argentina.
Al iniciar su intervención, Pagotto remarcó que la iniciativa debió ser tratada en reiteradas oportunidades y cuestionó el concepto mismo de "inocencia fiscal". "Se mal llama ley de inocencia fiscal. Es un contrasentido que en un país cuya Constitución consagra el principio de inocencia tengamos que declararlo cada tanto por ley", sostuvo, y agregó que esa garantía también está prevista en el Pacto de San José de Costa Rica, "muy citado y pocas veces aplicado, o aplicado selectivamente".
El senador explicó que la reforma al Régimen Penal Tributario no tiene vocación de permanencia, sino que responde a un desfasaje generado por la inflación. "Esta modificación no pretende ser una ley ad eternum. No podemos seguir teniendo como condición objetiva de punibilidad un mínimo de un millón y medio de pesos, que hoy es el valor de un par de zapatillas", señaló.
En ese sentido, Pagotto advirtió que el impacto inflacionario produjo un sistema distorsionado que terminó incorporando a casi todos los contribuyentes al radar penal. "La inflación nos ha producido un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruyó la economía y deja como clientes del sistema penal tributario a casi todos los contribuyentes", afirmó.
Otro de los ejes de su discurso fue la necesidad de limitar las facultades del organismo recaudador. Al respecto, sostuvo que la ley "viene a poner un costo a facultades omnímodas que tenía el fisco", especialmente cuando se presume una discrepancia significativa entre lo declarado por el contribuyente y lo que el organismo considera incorrecto. "El tributo es una imposición, pero debe tener límites en un Estado de derecho y en un Estado moderno", remarcó.
Pagotto también defendió la incorporación de reglas claras y procedimientos definidos, y cuestionó el exceso de burocracia. "Hay que facilitarle la vida al contribuyente, como en todos los países civilizados. El exceso de requisitos conspira contra el desarrollo de las actividades y le da un poder omnímodo al Estado", expresó.
En relación con las multas automáticas, reconoció que existen objeciones por parte de colegios profesionales, pero subrayó que deben analizarse bajo los principios del derecho penal. "La multa, para el derecho argentino, es una pena. No lo digo yo, lo dicen todos los tratadistas. Por eso debe regirse por los principios del Código Penal", indicó.
El senador también se refirió al régimen de prescripción y defendió que sea una facultad exclusiva del Estado federal. "La ley prohíbe que las provincias legislen sobre prescripción. Es derecho de fondo y siempre fue regulado por el Código Civil y el Código Penal. Si no, habría una dispersión legislativa que conspira contra el derecho de defensa", advirtió.
En uno de los tramos centrales de su exposición, Pagotto sintetizó el espíritu de la norma: "A partir de ahora se deja de presumir la culpabilidad para presumir la inocencia. Esto debe regir en todo proceso que tenga connotaciones penales", sostuvo, y recordó que el debido proceso alcanza también a los procedimientos administrativos y tributarios.
Hacia el final, el legislador subrayó que la ley no resolverá de inmediato los problemas estructurales del sistema impositivo, pero sí establece límites y previsibilidad. "No es una ley que vaya a solucionar de la noche a la mañana los problemas de recaudación, pero viene a poner claridad sobre cómo debe actuar el Estado", afirmó.
Finalmente, llamó a acompañar el proyecto al considerar que excede cualquier alineamiento partidario. "Esto beneficia a todos los contribuyentes, sin distinción de bandería política. Todos somos contribuyentes, incluso cuando compramos una caja de fósforos. Las reglas claras son la garantía del contrato social", concluyó, antes de solicitar la aprobación del proyecto.
