Con una representación legislativa fortalecida tras la renovación de bancas, La Libertad Avanza (LLA) se prepara para encarar el 2026 con una agenda propia en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En un año no electoral, el espacio que responde al presidente Javier Milei buscará instalar el debate de una reforma política integral cuyo eje central será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones provinciales de 2027.
Si bien el peronismo continuará siendo la principal fuerza en ambas cámaras -con primera minoría en Diputados y quórum propio en el Senado-, los libertarios consideran que el nuevo escenario parlamentario les permitirá empujar iniciativas estructurales. La BUP aparece como la prioridad número uno, apoyándose en el antecedente inmediato de su aplicación en las elecciones legislativas nacionales, donde el sistema funcionó sin mayores inconvenientes.
Desde el bloque libertario sostienen que el momento es políticamente oportuno. "Es un año no electoral, no se pueden cambiar las reglas en pleno partido", señalan, en alusión a las modificaciones reglamentarias impulsadas este año en la Cámara de Diputados bonaerense durante el tratamiento del endeudamiento provincial, un episodio que generó fuertes críticas opositoras.
Reforma política y otros debates sensibles
La discusión sobre la Boleta Única de Papel forma parte de una reforma política más amplia que La Libertad Avanza pretende llevar a los recintos legislativos. En ese paquete también aparecen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya convocatoria sigue siendo una potestad del gobernador Axel Kicillof, aunque requiere aval legislativo, y la siempre latente discusión sobre las reelecciones indefinidas. "El peronismo suele ponerse creativo en este tema", ironizan desde el espacio libertario.
El planteo no parte de cero. En 2024, bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica habían presentado un proyecto conjunto para implementar la BUP en la provincia, aunque la iniciativa quedó estancada en comisiones. Ahora, con un bloque libertario más numeroso y una agenda explícita, el reclamo podría ganar volumen político.
La Corte bonaerense, otro eje de negociación
Más allá del sistema electoral, La Libertad Avanza también apunta a incidir en una discusión institucional de alto impacto: la cobertura de vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal funciona actualmente con solo tres de sus siete integrantes -Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria- y el Ejecutivo provincial ya anticipó que este año pondrá en consideración los cuatro cargos vacantes.
Aunque aún no hay nombres definidos por parte de LLA, el espacio busca ser parte activa de las negociaciones. "Es algo que hay que resolver de manera urgente y con equilibrio", deslizan desde el bloque, que ya mantiene conversaciones con sectores del peronismo. Las designaciones deben ser aprobadas por el Senado provincial, donde los libertarios cuentan con un bloque de cinco miembros, y requieren un proceso previo de entrevistas, revisión de antecedentes y consensos políticos amplios.
Un bloque diverso y una Legislatura compleja
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza cuenta con 19 legisladores y una composición interna heterogénea. Conviven allí dirigentes cercanos a Patricia Bullrich provenientes del PRO, el sector alineado con Sebastián Pareja -presidente del partido en la provincia- y los representantes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo. Pese a ser minoritario, este último sector preside el bloque, bajo la conducción de Agustín Romo, acompañado por Nahuel Sotelo.
En paralelo, los legisladores del PRO que compitieron en la boleta violeta en las elecciones de septiembre mantienen autonomía parlamentaria. Las tensiones recientes, especialmente tras la votación del endeudamiento provincial y la posterior negociación que derivó en la representación del ritondismo en el directorio del Banco Provincia, marcan una relación distante, aunque no definitivamente rota.
Mientras tanto, el radicalismo aparece como uno de los actores más activos en la discusión por la Corte, con dos nombres en carpeta: la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, y el decano de Derecho de la UNLP, Miguel Berri.
