La crisis venezolana ingresó en una fase inédita tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, donde el exmandatario chavista permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de ser juzgado por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan. En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia directa a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable de garantizar una transición política ordenada.
"Pagará un precio muy alto si no coopera", afirmó Trump en declaraciones públicas, en alusión a Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista para asumir las facultades y obligaciones de la presidencia interina. La advertencia marca un endurecimiento explícito de la postura de Washington, que ya no se limita a sanciones económicas o diplomáticas, sino que plantea un rol activo en la conducción del proceso político venezolano.
Trump fue aún más lejos al asegurar que Estados Unidos "gobernará el país" hasta que se concrete lo que definió como una "transición juiciosa", una frase que generó impacto inmediato en la región. Según el mandatario republicano, la administración estadounidense tomará el control de las reservas petroleras de Venezuela como parte de un plan integral para garantizar estabilidad económica y evitar que los recursos naturales vuelvan a quedar bajo la órbita de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Mientras tanto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia estadounidense en Nueva York, tras un operativo a gran escala ejecutado en territorio venezolano. La captura del líder chavista significó el colapso del esquema de poder que gobernó el país durante más de una década y abrió un escenario de fuerte incertidumbre institucional.
En Caracas, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de delegar el mando en Delcy Rodríguez fue leída por analistas como un intento del aparato chavista de preservar control interno frente al vacío de poder. Sin embargo, la designación no cuenta con reconocimiento internacional pleno y enfrenta un rechazo creciente tanto de sectores opositores como de gobiernos extranjeros que exigen elecciones libres y supervisadas.
La presión de Washington coloca a Rodríguez ante una disyuntiva crítica: colaborar con un proceso de transición avalado por la comunidad internacional o exponerse a sanciones personales, acciones judiciales y un mayor aislamiento político. En los hechos, Estados Unidos busca condicionar el futuro inmediato de Venezuela mediante una combinación de poder judicial, control económico y advertencias políticas directas.
