El Gobierno de Mendoza oficializó la Resolución 5425, mediante la cual se pone en marcha un protocolo de intervención preventiva sobre inmuebles abandonados, usurpados o en estado de deterioro. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo reforzar la seguridad pública y reducir riesgos asociados a este tipo de construcciones.
La normativa habilita al Ministerio de Seguridad y Justicia a coordinar acciones con los municipios para llevar adelante intervenciones administrativas como tapeos, clausuras parciales o demoliciones preventivas. Estas medidas no implican la pérdida ni modificación de la titularidad de las propiedades, sino que apuntan a neutralizar situaciones que representen un peligro para la comunidad.
Según los fundamentos de la resolución, numerosos inmuebles en estas condiciones suelen ser utilizados como aguantaderos o espacios vinculados a actividades ilícitas. En este sentido, el nuevo protocolo busca agilizar la respuesta del Estado, disminuir la incidencia delictiva y contribuir a la recuperación de espacios urbanos degradados, mediante acciones proporcionales y con respaldo legal.
