La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este 30 de enero de 2026 una iniciativa de amnistía general que abarcaría hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta la actualidad, junto con la orden de cierre del centro de detención de El Helicoide, una institución emblemática por denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos. El anuncio fue formulado durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por medios estatales.
Objetivos de la amnistía
Rodríguez explicó que la propuesta de ley de amnistía será presentada con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional -controlada por el oficialismo- con el objetivo de "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política" y "reencauzar la convivencia entre los venezolanos". Hizo énfasis en que los beneficiarios deben evitar la revancha, la venganza o el odio como respuestas a la medida.
La amnistía no incluirá a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos, aunque el texto completo del proyecto aún no ha sido difundido, por lo que no se conocen los criterios específicos de elegibilidad.
Contexto de liberaciones y cifras
La propuesta llega en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos estiman que aún hay aproximadamente 700 personas detenidas por motivos políticos, mientras que desde el inicio de la nueva gestión han sido liberadas más de 300 personas.
ONG como Foro Penal y Provea han reclamado históricamente la amnistía general para presos políticos, pero han recibido la iniciativa con cautela, subrayando la necesidad de que las liberaciones sean entendidas como restitución de derechos fundamentales y no como actos de clemencia.
Cierre y reconversión de El Helicoide
En paralelo a la amnistía, Rodríguez ordenó el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, objeto de numerosas denuncias por torturas y malos tratos. Su intención es transformar el edificio en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas, simbolizando el fin de una etapa de represión.
El Helicoide había sido señalado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos como un centro de detención con condiciones infrahumanas, y su clausura representa un gesto político relevante en el marco de las reformas impulsadas por la administración interina.
Reacciones y próximos pasos
La propuesta ahora dependerá del debate y eventual aprobación en la Asamblea Nacional, donde se espera tramitación acelerada por parte del oficialismo. Grupos de derechos humanos han pedido que la discusión incluya mecanismos claros de justicia, reparación y garantías de no repetición de abusos.
