El juicio oral contra el ex juez federal Walter Ricardo Bento atraviesa desde este lunes el tramo más delicado de todo el proceso: la instancia previa al veredicto. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzará a resolver los últimos planteos de nulidad de las defensas y, de inmediato, habilitará la ronda de "últimas palabras" de los imputados, el acto final antes de que los jueces se retiren a deliberar.
Se trata de un momento procesal de alto impacto simbólico y jurídico. Las últimas palabras constituyen el cierre formal del debate y la última oportunidad de los acusados para dirigirse al tribunal sin restricciones técnicas. Después de esa instancia, la causa queda en condiciones de sentencia.
El cronograma prevé que entre lunes y martes declaren todos los procesados que deseen hacerlo. Superados los planteos pendientes, el veredicto podría conocerse hacia el final de la semana. Allí se definirá exclusivamente la responsabilidad penal -culpabilidad o absolución-. En caso de condenas, las penas se discutirán en una audiencia posterior de cesura, mecanismo habitual cuando se separa la determinación del hecho de la fijación de la sanción.
Un caso que sacudió al fuero federal
El proceso tiene una magnitud inusual para Mendoza. El debate comenzó en julio de 2023 y superó las 130 audiencias. Casi un centenar estuvieron dedicadas a producción de prueba: más de 300 testigos, peritajes contables y patrimoniales, análisis de dispositivos electrónicos y un volumen documental que, según las partes, se cuenta en cientos de miles de fojas y terabytes de información.
La fiscalía sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura estable de corrupción judicial que habría operado durante años dentro del juzgado federal que conducía Bento. La hipótesis es que se otorgaban beneficios procesales -libertades, prisiones domiciliarias, sobreseimientos, cambios de calificación- a cambio de dinero, vehículos o inmuebles.
Durante el juicio se analizaron 14 hechos concretos de presunto pago de coimas, pero el Ministerio Público Fiscal encuadró la maniobra en la figura de asociación ilícita, lo que supone la existencia de una organización con roles definidos y continuidad en el tiempo. La PROCELAC, especializada en delitos económicos, estimó que los sobornos habrían alcanzado al menos 1,7 millones de dólares.
Quiénes están en el banquillo
El proceso comenzó con 33 imputados. Tras probation y fallecimientos, quedaron 28, de los cuales la fiscalía acusó a 25. Además de Bento, figuran su esposa y uno de sus hijos por presuntas maniobras de lavado y enriquecimiento ilícito; abogados señalados como intermediarios; un ex comisario; un ex funcionario aduanero; un policía; y presuntos sobornadores, entre ellos personas vinculadas a causas de narcotráfico.
El caso expuso un entramado que, según la acusación, conectaba detenidos o imputados con operadores que canalizaban pagos ilegales a cambio de resoluciones favorables firmadas por el magistrado.
La acusación: una batería de delitos
En un alegato que se extendió durante 29 audiencias, la fiscalía pidió que Bento sea declarado responsable como jefe de asociación ilícita y por delitos que incluyen:
cohecho pasivo agravado
prevaricato
omisión y retardo de justicia
enriquecimiento ilícito
lavado de activos agravado
falsedad ideológica
abuso de autoridad
La construcción fiscal no solo se apoyó en testimonios y expedientes judiciales, sino en el análisis patrimonial, uno de los ejes centrales para probar que los bienes del entorno familiar no se corresponderían con los ingresos declarados.
La defensa y la disputa técnica
La estrategia de la defensa de Bento se concentró en objeciones de tipo procesal. Su abogado planteó la prescripción de una serie de hechos, cuestionó la validez de la acusación sin pedido concreto de pena en el alegato y sostuvo que los ingresos del grupo familiar tienen justificación lícita.
Estos planteos son justamente los que el tribunal deberá resolver antes de pasar a la fase final. No se trata de detalles menores: si prosperara alguna nulidad relevante, podría impactar en el alcance de la sentencia.
Más que un juicio individual
El caso Bento trasciende la situación personal del ex magistrado. Desde que la investigación se hizo pública y avanzaron las acusaciones, el expediente se convirtió en un símbolo de la discusión sobre transparencia, control interno y responsabilidad penal de jueces federales, un terreno históricamente excepcional en Argentina.
La decisión que se conocerá en los próximos días no solo definirá la suerte de los acusados, sino que marcará un precedente fuerte sobre hasta dónde puede llegar la Justicia cuando el investigado es, precisamente, un juez.
Ahora, la palabra final la tienen los imputados. Después, será el turno del tribunal. Y el fallo cerrará uno de los capítulos judiciales más trascendentes de Mendoza en las últimas décadas.
