El Tribunal Oral Federal N°2 declaró culpable al ex juez federal Walter Ricardo Bento por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de un juicio histórico que investigó un sistema de cobro de coimas a detenidos federales a cambio de beneficios procesales.
El veredicto fue pronunciado esta tarde por el tribunal integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereira, quienes coincidieron en que Bento actuó como "jefe de una organización criminal" que operó durante años desde el ámbito de los tribunales federales.
Un sistema de corrupción que aprovechó el poder judicial
Según el fallo, la banda dirigida por Bento ofrecía a procesados federales -incluidos presos por narcotráfico y otros delitos graves- beneficios judiciales como libertades, arrestos domiciliarios y sobreseimientos, a cambio de sobornos en dinero, vehículos y propiedades. Esta estructura funcionó por al menos dos décadas, según reconstruyó la Fiscalía en el juicio.
La jueza Diamante señaló que la intervención de Bento no fue circunstancial sino planificada y sostenida, organizando una "estructura de soporte del lavado de activos" que implicó a miembros de su grupo familiar en maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes y fondos obtenidos.
Familia involucrada y lavado de activos
El tribunal destacó que la pareja de Bento, Marta Boiza, y uno de sus hijos, Nahuel Bento, jugaron roles activos dentro del esquema de lavado de dinero. Boiza fue señalada como parte esencial en la titularidad de bienes y operaciones financieras, mientras que Nahuel intervino en transferencias y operaciones financieras que buscaban dar apariencia de legalidad a vehículos y propiedades de alto valor.
Las juezas también describieron el ingreso de dinero en efectivo por parte de todo el grupo familiar, lo que permitió "eliminar la trazabilidad y registros bancarios" como técnica para operar fuera del sistema financiero formal.
Un juicio complejo y de larga duración
El juicio oral contra Bento y más de treinta imputados comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de dos años y medio, concentrando más de 160 audiencias y 300 testigos. Entre los acusados se encontraban abogados, informantes, policías y familiares del ex magistrado.
La investigación se inició formalmente en 2020 a raíz del asesinato del despachante de aduana Diego Aliaga, caso que destapó la trama de corrupción judicial. A partir de allí, fiscales como María Gloria André, Dante Marcelo Vega, y el titular de la PROCELAC Diego Velasco describieron un engranaje persistente de sobornos y favores judiciales.
En noviembre de 2023, Bento fue destituido de su cargo por el Consejo de la Magistratura, perdiendo así los fueros que lo protegían, y fue alojado en la cárcel federal de Cacheuta, en Mendoza.
Un fallo histórico
La condena de Bento se considera un hito en la historia judicial de la provincia de Mendoza y del fuero federal argentino por la envergadura del esquema probado, que implicó a integrantes del propio Poder Judicial y sus círculos cercanos. El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad y, aunque acogió prescripciones de algunos hechos de menor pena, confirmó la existencia de una asociación ilícita organizada y dirigida por el ex juez.
La audiencia en la que se determinarán las penas concretas -luego de este juicio de cesura- está prevista para finales de la semana, y allí se conocerán los años de prisión que deberá cumplir Bento y otros condenados del caso.
