La sentencia dictada este viernes 6 de febrero introdujo un hecho de fuerte impacto institucional en el ámbito de la Justicia Federal.
En Mendoza, un juez federal fue condenado penalmente por delitos de corrupción, un desenlace inédito que expuso con crudeza el funcionamiento de prácticas ilícitas en uno de los estamentos más sensibles del Estado.
Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión tras ser considerado el líder de una organización dedicada al cobro sistemático de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
El fallo no se limitó al exmagistrado. La resolución también alcanzó a su entorno más cercano: su esposa, Marta Boiza, recibió una pena de seis años de prisión, mientras que su hijo Nahuel Bento fue condenado a cinco años.
La decisión estuvo a cargo de las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, quienes cerraron un proceso judicial de más de dos años y medio que se convirtió en uno de los juicios por corrupción más extensos y complejos de la provincia.
La culpabilidad de Walter Bento había sido establecida días antes, aunque la definición de la pena se resolvió durante la audiencia de cesura. En ese tramo, la Fiscalía Federal solicitó una condena de 18 años de prisión, una multa económica millonaria, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso total de los bienes del exjuez.
La defensa, por su parte, había requerido una pena sensiblemente menor, bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal resolvió finalmente imponer la pena máxima solicitada por la acusación. Bento fue declarado culpable de ejercer como jefe de una asociación ilícita, cometer ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, dos hechos de falsedad ideológica y el ocultamiento de un elemento clave para la investigación.
A ello se sumó una multa de 540 millones de pesos y el decomiso de un importante patrimonio inmobiliario y automotor, con excepciones puntuales establecidas por el tribunal.
El origen de la causa se remonta a 2021, cuando comenzó a investigarse una red dedicada a gestionar beneficios judiciales irregulares para personas detenidas por delitos federales. Según quedó probado en el debate, la organización ofrecía arrestos domiciliarios, excarcelaciones u otras ventajas procesales a cambio de pagos ilegales de elevado monto, con Walter Bento como figura central del esquema.
Un rol determinante en la operatoria lo habría tenido Diego Aliaga, asesinado en 2020, señalado como intermediario entre el juez y los imputados o sus familiares. De acuerdo con la acusación, Aliaga se encargaba de contactar a los detenidos y negociar los pagos, que se concretaban en dólares estadounidenses o incluso mediante la cesión de propiedades.
Las coimas acreditadas durante el juicio ascendieron a aproximadamente 1,8 millones de dólares. La investigación avanzó también sobre el patrimonio del exmagistrado y su familia.
La fiscalía sostuvo que existió un proceso de lavado de activos y enriquecimiento injustificado, respaldado por pruebas como viajes frecuentes al exterior, adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama y participaciones en emprendimientos comerciales, incompatibles con los ingresos formales declarados.
A lo largo del proceso, los abogados defensores insistieron en que la causa respondía a motivaciones políticas y que había sido diseñada para apartar a Bento de su cargo. No obstante, el tribunal consideró que la prueba producida resultó contundente y suficiente para acreditar la existencia de una estructura criminal, dando lugar a una condena que marca un antes y un después en la historia judicial de Mendoza y del país.
