La muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, generó una inmediata reacción del Gobierno argentino, que volvió a poner en el centro de la escena el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la responsabilidad atribuida por la Justicia local a las máximas autoridades iraníes de la década del noventa.
El canciller Pablo Quirno expresó en redes sociales que, ante la confirmación del fallecimiento de Jamenei, "corresponde recordar" que la Justicia argentina determinó que el ataque del 18 de julio de 1994 -que dejó 85 muertos y centenares de heridos- fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní y ejecutado por Hezbollah.
Según remarcó el funcionario, la decisión estratégica del atentado fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993-1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa. En ese marco, subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las víctimas constituye una política de Estado permanente para la Argentina.
"Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad", concluyó el titular del Palacio San Martín.
Refuerzo de la seguridad interna
En paralelo a las declaraciones diplomáticas, la Casa Rosada resolvió elevar a "alto" el nivel de seguridad en todo el territorio nacional. La medida abarca objetivos sensibles, infraestructura crítica y a la comunidad judía, así como el refuerzo de la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras.
El comunicado oficial informó que se activó el protocolo de alerta en fronteras, con mayores controles de ingreso y egreso, aumento de la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El esquema prevé coordinación entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional -a través de la Dirección Nacional de Migraciones- y las fuerzas federales.
Asimismo, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo constante de la evolución del conflicto en Medio Oriente en coordinación con agencias internacionales, con el objetivo de anticipar riesgos o amenazas a la seguridad nacional.
Posicionamientos políticos
Desde el Propuesta Republicana (PRO) también se pronunciaron sobre el escenario internacional. En un comunicado, el espacio sostuvo que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel representan "un punto crítico" frente a la amenaza nuclear del régimen iraní y recordó la "probada responsabilidad" en el atentado a la AMIA.
El diputado nacional Fernando de Andreis diferenció entre el régimen iraní y el pueblo de Irán, al que consideró víctima de un sistema que, según afirmó, ha reprimido a su propia población durante décadas. A su vez, insistió en que la Argentina no debe olvidar que el atentado de 1994 fue ideado por altos funcionarios del gobierno iraní y perpetrado por Hezbollah con apoyo estatal.
Un vínculo atravesado por la AMIA
La relación bilateral entre Buenos Aires y Teherán ha estado históricamente condicionada por los atentados contra la sede diplomática israelí en 1992 y la AMIA en 1994. Bajo la presidencia de Javier Milei, el vínculo se tensó aún más, en línea con el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.
Semanas atrás, el Gobierno designó a la Fuerza Quds -brazo externo de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán- y a trece personas vinculadas como organización terrorista. El comunicado oficial recordó que Argentina fue blanco de sus acciones en los años noventa y cuestionó la falta de colaboración de Teherán con la Justicia argentina en relación con exfuncionarios iraníes imputados.
En ese contexto, la Cancillería expresó respaldo a las acciones conjuntas destinadas a "neutralizar la amenaza" que el régimen iraní representa para la estabilidad internacional y el régimen de no proliferación nuclear.
La muerte de Jamenei reabre, así, un capítulo de fuerte carga simbólica para la Argentina. Más allá de las derivaciones geopolíticas del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno volvió a inscribir el episodio en una agenda interna atravesada por la memoria de la AMIA y la demanda de justicia que, a más de tres décadas, continúa siendo un eje central de la política exterior argentina.
