La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó sanción final al proyecto que introduce modificaciones a la Ley 6722 de Seguridad Pública, iniciativa que establece un protocolo para el uso de armas de fuego por parte del personal policial en determinadas situaciones de riesgo.
La propuesta fue impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas. El proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados y posteriormente fue tratado por la Cámara de Senadores de Mendoza, donde se incorporaron modificaciones. Por este motivo, el expediente regresó a la Cámara Baja para su revisión y tratamiento final.
La nueva normativa precisa funciones del personal de seguridad y suma disposiciones vinculadas a la protección de las personas y los bienes ante situaciones de peligro. Además, contempla tareas de observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos.
Entre los puntos centrales, la ley establece criterios para el uso de armas de fuego por parte de efectivos policiales en situaciones de peligro inminente. En ese marco, se contemplan casos de legítima defensa, protección de terceros o cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física. También fija parámetros para determinar cuándo existe ese peligro y dispone pautas sobre la identificación y advertencia previa antes de efectuar disparos, salvo en situaciones excepcionales en las que hacerlo implique un riesgo mayor.
La iniciativa también incorpora la posibilidad de convocar a policías retirados para cumplir determinadas funciones dentro de la fuerza. En ese sentido, se suma el artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de personal retirado altamente calificado para tareas específicas. El texto establece que quienes reciban funciones directivas, con conducción de personal y disponibilidad horaria permanente, podrán percibir hasta el 100% de la asignación de clase equivalente al grado que tenían al momento de su retiro.
Asimismo, la normativa prevé que la administración pueda convocar a otros retirados con hasta el 80% de la asignación de clase correspondiente a su grado, para cubrir tareas vinculadas a funciones de seguridad establecidas por la legislación vigente. En todos los casos, las convocatorias deberán quedar debidamente acreditadas y fundamentadas mediante norma legal de la administración.
Durante el debate legislativo, el diputado Cairo explicó que el proyecto busca "establecer un protocolo de uso de armas para las fuerzas policiales" y aclarar situaciones en las que, según sostuvo, la ley dejaba "un espacio gris" que generaba sanciones a policías que intervenían para defender a ciudadanos. Según indicó, el marco legal define cuándo un agente puede utilizar su arma reglamentaria frente a un peligro inminente contra su vida o la de terceros.
En su exposición, el legislador mencionó como antecedentes distintos casos ocurridos en los últimos años en los que el uso del arma reglamentaria generó controversias judiciales, entre ellos el del policía Luis Chocobar, quien intervino en un asalto en Buenos Aires para defender a un turista y luego enfrentó un proceso judicial.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos. El diputado José Luis Ramón adelantó el rechazo de su espacio y sostuvo que la norma podría resultar inconstitucional, al considerar que el tema es "muy delicado" dentro de un Estado de Derecho. En la misma línea, la diputada Valentina Morán expresó dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza, señalando que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara respecto a los estándares sobre el empleo de armas de fuego.
También el legislador German Gomez advirtió que la aprobación de la iniciativa podría generar "consecuencias jurídicas" y zonas grises en la interpretación de la norma, además de plantear reparos respecto al principio de inocencia.
En contraposición, la diputada Cintia Gómez defendió el proyecto y aseguró que brinda un marco legal para que la Policía pueda actuar cuando sea necesario para proteger a la ciudadanía.
Al cierre del debate, Thomas destacó que la iniciativa busca "proteger al buen policía" y sostuvo que la normativa apunta a acompañar la demanda social frente a la problemática de la inseguridad, brindando reglas claras para la actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia.
