La provincia de Mendoza registró en 2025 una significativa baja en uno de los indicadores más sensibles del sistema sanitario: la mortalidad infantil. Según datos oficiales provisorios, la tasa cayó un 20% respecto de 2024 y se ubicó en 6,3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, consolidando una recuperación tras el fuerte deterioro observado el año anterior.
En términos nominales, durante 2025 se contabilizaron 17.370 nacimientos y 110 fallecimientos de menores de un año. La tasa refleja la cantidad de muertes infantiles por cada mil nacidos vivos e incluye causas diversas, como complicaciones asociadas a la prematurez, bajo peso al nacer y otras condiciones médicas.
El dato adquiere relevancia al compararse con 2024, cuando la provincia había registrado un salto abrupto en este indicador, pasando de 5,5 en 2023 a 7,5 en 2024. Ese incremento -cercano al 36%- encendió alarmas en el sistema sanitario, especialmente por su impacto en maternidades privadas y en un contexto marcado por dificultades económicas y menor acceso a controles prenatales.
Si se observa la evolución de los últimos años, Mendoza había logrado una mejora sostenida entre 2019 y 2023. En ese período, la tasa descendió de 8,1 a 5,5, ubicándose incluso por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el repunte de 2024 interrumpió esa tendencia y obligó a replantear estrategias sanitarias.
La baja registrada en 2025 aparece así como una recuperación parcial: si bien mejora de forma considerable respecto del año previo, todavía se mantiene por encima de los niveles más bajos alcanzados en 2023.
A nivel nacional, en paralelo, también se verificó un deterioro reciente del indicador, con un aumento de la mortalidad infantil en 2024, lo que refuerza la lectura de un fenómeno atravesado por variables económicas y sociales.
Desde el Gobierno provincial atribuyen la mejora a la implementación del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, una estrategia que combina múltiples ejes de intervención. Entre ellos, se destacan el fortalecimiento del control prenatal, el seguimiento del recién nacido y el refuerzo de la atención primaria de la salud.
El programa incluye la captación temprana de embarazadas, controles más estrictos durante la gestación, mejoras en la categorización de maternidades bajo estándares obstétricos y neonatales, y la incorporación de herramientas tecnológicas para detectar embarazos de riesgo. Entre estas innovaciones figura un sistema de alertas en la Historia de Salud Integrada que permite activar seguimientos personalizados ante situaciones de vulnerabilidad.
También se sumaron medidas de prevención vinculadas a problemáticas emergentes. Un relevamiento en maternidades detectó que cerca del 20% de los recién nacidos estuvo expuesto al consumo de sustancias durante el embarazo, lo que derivó en la implementación de dosajes voluntarios para la detección precoz y la intervención médica oportuna.
Pese a la mejora, las autoridades sanitarias advierten que el desafío es sostener la tendencia a la baja. La mortalidad infantil está fuertemente asociada a factores estructurales como la pobreza, el acceso a controles de salud y la capacidad de respuesta del sistema público.
En ese marco, la provincia se fijó una meta ambiciosa: reducir la tasa a 5 por cada 1.000 nacidos vivos para 2027, lo que implicaría no solo recuperar los niveles previos al salto de 2024, sino también avanzar hacia estándares sanitarios más exigentes.
El comportamiento reciente del indicador deja una señal clara: si bien las políticas públicas pueden revertir escenarios críticos, la estabilidad de los logros dependerá de la continuidad de las estrategias y de la capacidad de abordar integralmente los factores sociales y sanitarios que inciden en la salud materno-infantil.
