La Justicia del Este mendocino dio este lunes un paso clave en la causa que investiga el presunto abuso sexual contra una adolescente que, en septiembre del año pasado, protagonizó un dramático episodio armado en una escuela del departamento de La Paz. El juez Ricardo Shulz dictó la prisión preventiva para el celador acusado, quien continuará detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El imputado, un hombre de 61 años, ya se encontraba privado de su libertad desde el pasado 27 de febrero. La medida fue ratificada tras una audiencia en la que el fiscal Héctor Rosas expuso las pruebas reunidas hasta el momento. El delito que se le atribuye es abuso sexual simple, en la modalidad de tocamientos.
La resolución judicial implica que el acusado permanecerá bajo esta medida cautelar mientras avanza la investigación, con el objetivo de asegurar su sometimiento al proceso y resguardar el desarrollo de la causa.
Un hecho que conmocionó a la provincia
El origen del expediente se remonta al 10 de septiembre de 2025, cuando una estudiante de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, y efectuó varios disparos antes de atrincherarse en el edificio. El episodio generó momentos de extrema tensión y tuvo repercusión nacional.
Tras más de cinco horas de negociación, la menor depuso su actitud y entregó el arma a efectivos del Grupo Gris de la Policía de Mendoza. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Notti, donde recibió asistencia médica y contención en salud mental.
En un primer momento, el caso fue interpretado como un hecho aislado. Sin embargo, la investigación tomó un giro sustancial cuando la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Laura Nieto, ordenó avanzar a partir de las declaraciones de la adolescente en Cámara Gesell.
La hipótesis de la fiscalía
De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, la joven habría llevado el arma al establecimiento con la presunta intención de atacar a su abusador. No obstante, ese día el celador señalado no se encontraba en la escuela debido a que tenía franco, lo que habría frustrado su plan.
A partir de estas evidencias, la Justicia ordenó la detención del trabajador y profundizó la investigación, que ahora ingresa en una nueva etapa procesal tras el dictado de la prisión preventiva.
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