Cargando...La ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo sin vida de Luana Cabral, una adolescente de 15 años que padecía parálisis cerebral. El caso derivó en la detención de sus padres, sospechados de abandono de persona seguido de muerte, y abrió un fuerte debate sobre la protección estatal de menores en contextos de vulnerabilidad.
La investigación quedó en manos de la fiscal Josefina Penón, quien ordenó la aprehensión de los progenitores, identificados como R.C., de 42 años, y N.M., de 40. El cuerpo de la joven fue encontrado el miércoles 1 de abril en una vivienda del barrio San Carlos, donde efectivos de la Jefatura Departamental Federación constataron el fallecimiento.
En un primer momento, los peritos estimaron que la muerte había ocurrido entre 48 y 72 horas antes, debido al avanzado estado de descomposición. Sin embargo, con el avance de la causa surgieron nuevos elementos: según precisó la fiscal a medios locales, un informe preliminar del médico forense de Concordia sugiere que el deceso podría haberse producido al menos un mes antes del hallazgo.
Debido al estado del cuerpo, los restos fueron trasladados a Oro Verde para la realización de estudios más exhaustivos que permitan determinar con precisión la causa de la muerte.
El impacto del caso se hizo sentir tanto en la comunidad de Federación como en el resto de la provincia. Vecinos y organizaciones sociales reclamaron mayor presencia del Estado en el seguimiento de familias en situación de riesgo, en especial aquellas donde hay personas con discapacidad. La situación volvió a exponer las dificultades para detectar a tiempo escenarios de desamparo en sectores vulnerables.
El expediente judicial permanece a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y de la incorporación de nuevos testimonios. La causa fue caratulada como abandono de persona seguido de muerte, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo y que podría agravarse por el vínculo familiar.
Según se pudo reconstruir, la adolescente dependía de terceros para subsistir y vivía junto a un hermano menor, lo que profundiza el cuadro de vulnerabilidad. También trascendió que la madre atravesaría problemas de salud mental, mientras que el padre no residía de forma permanente en el domicilio.
Hasta el momento, los imputados no prestaron declaración. No obstante, la fiscal indicó que existen antecedentes relevantes en el legajo: "La madre de la víctima ha tenido episodios o intentos de atentar contra su vida. Toda esa evidencia será ampliada, ya que por ahora es escasa", señaló.
La vivienda, ubicada en la intersección de Las Rosas y Tita Bonutti, permanece bajo custodia policial mientras se desarrollan peritajes para esclarecer las circunstancias del hecho. En paralelo, la investigación busca aclarar inconsistencias en torno a quién dio aviso a las autoridades: inicialmente se indicó que habría sido el hermano menor, aunque luego surgió que el padre habría realizado la notificación.
El caso, aún bajo análisis judicial, pone en evidencia un contexto de extrema vulnerabilidad y reabre el debate sobre las fallas en los mecanismos de control y asistencia estatal para la protección de menores con discapacidad, en una comunidad que exige respuestas.
