En su primera actividad oficial como subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff se presentó este martes en la Legislatura de Mendoza, en el marco del debate en comisiones de la enmienda constitucional que busca consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos. El funcionario, con extensa trayectoria parlamentaria, asumió un rol activo en la defensa del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y marcó posición frente a uno de los puntos más sensibles de la discusión: el conflicto institucional en San Rafael.
Jaliff fue enfático al desligar al Ejecutivo de esa disputa. "El conflicto de poderes entre la Legislatura y la Municipalidad de San Rafael no tiene nada que ver con este proyecto", aseguró ante la prensa. En ese sentido, explicó que la iniciativa de reforma constitucional tiene un alcance general para todos los municipios, mientras que la controversia judicial responde a una ordenanza específica de ese departamento. "Si se pretendiera suspender todo por un solo caso, ¿qué dirían los otros diecisiete municipios?", planteó, dejando en claro que, a su criterio, el tratamiento legislativo debe continuar sin interferencias.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue el fortalecimiento institucional y financiero de los municipios. Jaliff destacó especialmente la incorporación de la ley de coparticipación municipal al texto constitucional, una decisión que calificó como "trascendente". Según explicó, esto garantiza reglas claras y evita la discrecionalidad en la distribución de recursos, a diferencia de otras provincias donde estos mecanismos no están formalizados. "Se le da jerarquía constitucional a algo clave para la autonomía real de los municipios", sostuvo.
Además, el funcionario defendió el mecanismo de control legislativo sobre las cartas orgánicas municipales. Frente a cuestionamientos de algunos sectores que lo interpretan como una injerencia política, Jaliff argumentó que se trata de una atribución prevista en la Constitución provincial. "La Legislatura debe garantizar que esas cartas orgánicas respeten el marco constitucional. No se va a meter en otra cosa", aclaró. En ese sentido, subrayó que el proyecto prevé un plazo de 90 días para su tratamiento, tras el cual quedarán automáticamente aprobadas si no hay pronunciamiento.
En cuanto a su nueva función, Jaliff se mostró entusiasmado y anticipó una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento del sistema judicial. Confirmó que iniciará una ronda de reuniones con los principales actores del ámbito, incluyendo la Suprema Corte, el Ministerio Público y colegios profesionales. "En los últimos años se ha hecho una reforma profunda que permitió mejorar la eficiencia del sistema", afirmó.
Como respaldo, mencionó indicadores concretos: una reducción del 36% en la litigiosidad y una tasa de resolución cercana al 90% en un año. No obstante, advirtió sobre un fenómeno creciente que preocupa al Gobierno: el aumento de la conflictividad en el fuero de familia. "No es un problema del funcionamiento judicial, sino de situaciones sociales que están impactando en la demanda", explicó.
Frente a este escenario, Jaliff planteó la necesidad de un abordaje integral que involucre a los tres poderes del Estado y no descartó un rol más activo de los municipios. "Hay conflictos que pueden prevenirse antes de llegar a la justicia. Ahí también puede haber una tarea importante desde lo local", señaló.
