Una investigación coordinada entre la Justicia y fuerzas policiales logró desarticular una organización sospechada de cometer estafas reiteradas mediante un mecanismo basado en engaños y suplantación de identidad.
El operativo, encabezado por la DDI Junín, incluyó allanamientos simultáneos en distintas ciudades y también en dos unidades penitenciarias. Como saldo, varias personas fueron detenidas, otras quedaron vinculadas a la causa y aún hay dos sospechosos que permanecen prófugos.
De acuerdo a los investigadores, el grupo montaba una operatoria planificada: se contactaban con comerciantes haciéndose pasar por referentes de instituciones o clubes, lo que les permitía generar confianza y cerrar pedidos de mercadería de alto valor.
Los acuerdos se concretaban sin demasiados controles, generalmente bajo la promesa de pagos diferidos. Una vez aceptadas las condiciones, terceros -que simulaban ser transportistas- retiraban los productos, completando así la maniobra fraudulenta.
Entre los elementos solicitados había desde insumos industriales hasta herramientas y artículos de construcción. Parte de esa mercadería, según se pudo establecer, era luego trasladada para su acopio o posible reventa.
La causa también reveló la participación de personas privadas de la libertad, lo que volvió a poner el foco en el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. De hecho, el caso reactivó iniciativas políticas que buscan limitar o reemplazar estos dispositivos por sistemas de comunicación controlados.
Uno de los episodios investigados incluyó la utilización indebida de la imagen pública de un dirigente político, lo que amplió el alcance de la maniobra.
Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron teléfonos, una motocicleta, vestimenta y distintos bienes que estarían vinculados a las estafas, entre ellos pintura y maquinaria.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras continúa la búsqueda de los sospechosos que aún no fueron localizados.
