El Gobierno nacional habilitó a Mendoza y otras ocho provincias a implementar peajes en rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en el marco de un esquema de concesiones para financiar obras de mantenimiento y mejora.
La decisión se formalizó a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La norma delega en las provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje, ya sea a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
En el caso de Mendoza, la medida era esperada por el Ejecutivo provincial, que busca avanzar con obras en tramos clave de las rutas nacionales Ruta Nacional 7, Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional 143, que fueron transferidos temporalmente a la órbita local por un período de tres años.
Desde la gestión del gobernador Alfredo Cornejo ya anticiparon que los futuros peajes estarán ubicados en puntos estratégicos como el Acceso Este, el Acceso Sur y el tramo renovado de la ruta 143 hacia San Rafael. Sin embargo, aclararon que el cobro no será inmediato: recién se implementará una vez finalizadas las obras de mejora, que demandarán varios años.
El decreto también alcanza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, provincias que solicitaron herramientas para gestionar el financiamiento de obras en rutas nacionales bajo su influencia.
La normativa establece que cada jurisdicción deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos a intervenir. Además, deberán presentar un plan de obras con cronograma, la fuente de financiamiento, las condiciones económicas de la concesión -incluyendo tarifa máxima de peaje y plazo- y los pliegos licitatorios correspondientes.
A su vez, Vialidad será la encargada de supervisar y auditar los contratos que se celebren, garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Un punto clave es que los fondos recaudados por peaje deberán destinarse exclusivamente a los tramos concesionados, sin posibilidad de ser utilizados en otras obras. También se prohíbe que estos corredores sean licitados en conjunto con rutas de otras jurisdicciones.
La medida abre un nuevo esquema de financiamiento para la infraestructura vial, con impacto directo en el bolsillo de los usuarios a mediano plazo, pero con la promesa oficial de mejorar el estado de rutas clave para la producción, el turismo y la conectividad en Mendoza.
