El Poder Judicial de Mendoza dictó sentencia el pasado 16 de abril de 2026 en una causa vinculada a faena clandestina y transporte ilegal de carne equina, en un caso que se inscribe dentro de las investigaciones por abigeato en la provincia.
El hecho que originó la causa ocurrió el 12 de marzo de 2026, cuando personal policial interceptó un vehículo en el Valle de Uco. En el operativo, los efectivos detectaron que se trasladaban aproximadamente 900 kilogramos de carne equina sin la correspondiente habilitación sanitaria. Según se estableció, los dos imputados, ambos oriundos de San Rafael, tenían como destino el Gran Mendoza.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal del Valle de Uco, con intervención del fiscal Pablo Fossaroli. La resolución estuvo a cargo de la jueza Teresa Di Bari, quien dispuso distintas medidas en función de la situación de cada acusado.
En ese sentido, uno de los imputados fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva. En tanto, para el segundo se resolvió la revocación de una condena condicional previa, con la unificación de pena en tres años y cuatro meses de prisión efectiva. Además, ambos fueron inhabilitados por un período de cinco años, se declaró su reincidencia y se les impusieron las costas procesales.
Uno de los aspectos destacados de la resolución judicial fue la inclusión del reconocimiento de los animales afectados como seres sintientes, en línea con criterios actuales en materia de derecho animal, lo que marca un antecedente relevante en este tipo de causas.
El caso también contó con la intervención de la Asociación PEMPA, que participó como parte impulsora en el seguimiento del proceso y en la promoción de acciones vinculadas al derecho animal. La organización ya había tenido un rol activo en procedimientos realizados entre 2020 y 2021 en el sur provincial, donde se logró el rescate de más de 30 caballos en situaciones asociadas a faena clandestina, antecedentes que contribuyeron a visibilizar este tipo de delitos.
En esta causa, PEMPA intervino a través de su representación legal, acompañando el proceso judicial y articulando con distintos organismos competentes, en un trabajo conjunto que permitió avanzar hacia una resolución judicial con condenas efectivas.
