En el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael se desarrollaron jornadas de trabajo destinadas a fortalecer la articulación interinstitucional en las escuelas secundarias orientadas de la provincia de Mendoza, en un contexto marcado por recientes situaciones de crisis que pusieron en alerta a la comunidad educativa.
La iniciativa es encabezada por la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, junto a la subdirectora Silvia Vega, y cuenta con la participación de organismos del Ministerio de Seguridad y Justicia -como la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), el Centro Estratégico de Operaciones (CEO 911) y jefaturas departamentales- además del Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio Público de la Defensa y la Dirección General de Escuelas. Las jornadas, que convocan a docentes y directivos de distintos departamentos, continuarán en otras localidades como Malargüe.
Durante el encuentro, el comisario Javier Ortiz, de Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza, explicó que el objetivo central es actualizar los conocimientos y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes críticos dentro de los establecimientos. Señaló que se trabaja en un cambio de paradigma respecto a protocolos anteriores, ya que las nuevas realidades sociales exigen respuestas distintas. En ese sentido, destacó que muchas de las consultas del personal educativo giran en torno a la implementación de estas nuevas medidas, algunas de las cuales implican acciones que antes no se realizaban, pero que hoy resultan necesarias para resguardar la vida.
Por su parte, María Belén González, directora de Relaciones Institucionales y Capacitación del Ministerio de Seguridad y Justicia, subrayó que estas capacitaciones forman parte de un trabajo sostenido desde hace más de dos años entre distintas instituciones. Indicó que, si bien las recientes situaciones de crisis aceleraron la necesidad de reforzar estos espacios, el Gobierno provincial ya venía desarrollando estrategias conjuntas con docentes y directivos. También remarcó la participación de organismos como el Ministerio Público de la Defensa y sostuvo que la provincia se encuentra preparada para afrontar este tipo de escenarios.
En la misma línea, el comisario Iván Bermúdez, jefe departamental de San Rafael, destacó la importancia del trabajo mancomunado entre Seguridad, Educación y el Poder Judicial. Señaló que la capacitación responde a una demanda creciente tras los últimos hechos registrados, que generaron múltiples consultas en las escuelas. Valoró especialmente el rol de los equipos directivos, al asegurar que han actuado con rapidez y responsabilidad, evitando que las situaciones escalen o generen mayor alarma social.
Bermúdez también enfatizó la relevancia del uso del 911 como herramienta clave para una intervención rápida, ya que permite geolocalizar el incidente y enviar el recurso policial más cercano. En ese marco, consideró fundamental el rol del docente como primer interventor, quien debe evaluar la situación y dar aviso inmediato, especialmente en los primeros segundos críticos.
El jefe policial reconoció que, lejos de disminuir, las intervenciones en escuelas continúan registrándose, con casos que van desde reiteraciones en algunos establecimientos hasta nuevas alertas en otros, incluyendo situaciones protagonizadas tanto por adolescentes como por niños. Frente a ello, insistió en la necesidad de no naturalizar estos episodios y de mantener la comunicación inmediata con las autoridades.
Finalmente, Pedro Sebastián Costa, asesor del Ministerio Público de la Defensa en General Alvear, explicó que durante las jornadas también se abordan aspectos legales, como la aplicación de la Ley 9054 de protección al docente y su decreto reglamentario. Detalló que se trabaja en modalidad de taller para analizar casos concretos y reforzar la intervención en situaciones que requieren actuación inmediata, especialmente aquellas vinculadas a maltrato y abuso intrafamiliar detectados en el ámbito escolar, en articulación con organismos de protección como el ETI.
Las jornadas buscan consolidar un esquema de prevención y respuesta coordinada que permita a la comunidad educativa actuar con mayor seguridad y eficacia ante escenarios complejos, reforzando el vínculo entre las instituciones y garantizando entornos escolares más protegidos.
