En medio de la creciente ola de amenazas en escuelas de la provincia, el Gobierno de Mendoza decidió avanzar con medidas más estrictas que apuntan directamente a las familias de los menores involucrados. A partir de ahora, los costos económicos de los operativos policiales desplegados ante este tipo de situaciones podrán ser trasladados a los padres o tutores de los responsables.
La decisión fue comunicada por la Dirección General de Escuelas (DGE), que además dispuso la citación obligatoria y presencial del 100% de las familias de estudiantes de nivel Primario y Secundario. El objetivo es formalizar un compromiso directo de los adultos frente a estos hechos que vienen generando alarma en la comunidad educativa.
Como parte de esta medida, los padres deberán firmar una notificación antes del 6 de mayo. En ese documento asumirán la responsabilidad civil por los daños patrimoniales que puedan causar sus hijos, ya sea por falsas amenazas, activación de protocolos o cualquier otra situación que implique la intervención de fuerzas de seguridad.
Uno de los puntos más sensibles de la normativa es la incorporación del llamado "deber de garantía". Este concepto establece que los adultos deben supervisar de manera previa tanto las mochilas como la actividad en redes sociales de los alumnos, incluyendo plataformas como TikTok, WhatsApp e Instagram. La intención es prevenir la portación de elementos peligrosos y la participación en retos virales que puedan derivar en situaciones de riesgo o amenazas.
Desde el Gobierno remarcaron que no se trata solo de una medida sancionatoria, sino también preventiva, en un contexto donde muchas de las intimidaciones detectadas tuvieron origen en entornos digitales o dinámicas virales entre estudiantes.
Además, se advirtió que en caso de inasistencia injustificada a las citaciones o negativa a firmar la notificación, las autoridades escolares labrarán actas supletorias. En esos casos, podría intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) bajo la figura de posible negligencia parental, lo que abre la puerta a la actuación de organismos de protección de derechos.
La medida busca poner un freno a una problemática que en las últimas semanas escaló en cantidad y gravedad, obligando a suspender clases, evacuar establecimientos y desplegar operativos policiales en distintos puntos de Mendoza. Ahora, el foco también estará puesto en el rol de las familias.
