Con un mensaje de firmeza frente a la creciente alarma social, autoridades provinciales de las áreas de Seguridad y Educación confirmaron en los últimos días que seis estudiantes fueron imputados y otros 19 quedaron sujetos a causas contravencionales por amenazas de tiroteos en sus escuelas. En ese marco, anticiparon que también habrá consecuencias legales para los padres de los menores involucrados.
La medida se enmarca en un proyecto de reforma del Código Contravencional que el Ejecutivo prevé impulsar en breve, con el objetivo de endurecer sanciones y multas a los adultos responsables de los estudiantes que hayan participado en este tipo de hechos. La iniciativa apunta a responsabilizarlos por incumplimiento de sus deberes parentales y podría ser incluida en el discurso oficial de apertura de sesiones legislativas.
En paralelo, algunas instituciones educativas ya comenzaron a aplicar sanciones ejemplificadoras. En un colegio de Godoy Cruz, un alumno fue expulsado tras reiterar amenazas, pese a haber sido advertido previamente.
Según trascendió, el equipo educativo venía analizando modificaciones normativas para sancionar a padres que no garantizaran el derecho de sus hijos a la educación. Sin embargo, la reciente ola de amenazas aceleró los tiempos y amplió el alcance de las medidas, incorporando también a los tutores de quienes difundieron mensajes intimidatorios en ámbitos escolares.
El proyecto en estudio contempla sanciones económicas similares a las previstas para casos de acoso escolar, donde las multas a los padres pueden oscilar entre 750.000 y 1,5 millones de pesos. Además, se evalúa la aplicación de medidas adicionales para quienes incumplan con la responsabilidad parental, como la restricción en el acceso a determinados servicios estatales, tanto a nivel provincial como municipal.
Fuentes oficiales indicaron que no sólo se busca una sanción económica o la imposición de trabajos comunitarios, sino también generar un impacto social. Entre las opciones en análisis figura limitar el acceso a trámites y actividades, en línea con las restricciones que ya rigen para quienes figuran en registros de deudores alimentarios.
