En Argentina, la Ley Nacional 27.491 establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación para todas las personas que habitan el país.
En ese marco, el Ministerio de Salud de Mendoza denunció recientemente a un grupo de padres antivacunas que habría adquirido certificados de vacunación falsos para que sus hijos figuraran como inmunizados en los registros oficiales.
La maniobra fue detectada gracias a un pediatra de San Rafael, quien advirtió irregularidades en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria), donde se cargan las aplicaciones de vacunas. Al revisar los registros de varios niños cuyos padres se oponían a la vacunación, el profesional notó inconsistencias que despertaron sospechas.
Según la investigación, todos los menores aparecían registrados como vacunados en el mismo centro de salud, el N°22 de El Pastal, en Las Heras, ubicado a unos 300 kilómetros de San Rafael. Además, figuraban aplicaciones en fechas y horarios muy similares, algo inusual.
Las averiguaciones indican que el esquema fraudulento se organizaba a través de WhatsApp, mediante un contacto que solicitaba una clave específica ("Plan V"). A partir de allí, se enviaban instrucciones para confeccionar los certificados falsos y se cargaban los datos de los niños en el sistema como si las vacunas hubieran sido aplicadas en el centro de salud.
Por este procedimiento, las familias habrían pagado alrededor de $160.000 por cada certificado, con un adicional de aproximadamente $60.000 en el caso de vacunas obligatorias.
El jueves 30 de abril, la Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle, incluyendo el Centro de Salud N°22, domicilios particulares y un vehículo vinculado a la causa. En los operativos se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales, recetarios médicos, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.
La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Por el momento no hay personas imputadas ni detenidas, aunque un enfermero del centro de salud se encuentra bajo sospecha. La causa avanza bajo las figuras de cohecho pasivo y violación de normas de salud pública.
