Una investigación federal derivó en un amplio operativo policial que terminó con la caída de una organización dedicada al desvío y tráfico ilegal de armas hacia países limítrofes, entre ellos Chile y Uruguay, y con la detención de un mendocino entre los implicados.
El lunes 27 de abril, un despliegue de 772 efectivos de la Policía Federal Argentina concretó 140 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. La causa se originó tras detectarse la desaparición de 742 armas que debían permanecer en domicilios registrados, aunque los investigadores estiman que el número real de armamento desviado podría superar las 2.000 unidades.
El operativo, encabezado por el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales y ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, permitió confirmar la existencia de una estructura delictiva con roles definidos que operaba desde 2022 desviando armas y municiones del circuito legal hacia el mercado ilegal.
Según la investigación, la organización utilizaba "gestores" que reclutaban personas sin antecedentes y tramitaban para ellas credenciales de legítimos usuarios. Con esas identidades, realizaban compras masivas de armas que luego desaparecían del circuito legal. En muchos casos, los titulares registrales desconocían incluso que figuraban como propietarios de armamento.
El material bajo análisis incluye un total de 2.269 armas vinculadas a la maniobra, en su mayoría pistolas semiautomáticas de marcas como Bersa, Glock y Taurus, en distintos calibres. Durante los allanamientos se secuestraron 119 armas, una granada de mano modelo FMK-2 MOD 0 y más de 40.000 municiones con irregularidades en su documentación.
Los investigadores también detectaron indicios de que parte del arsenal habría sido trasladado al exterior, con destino a Chile y Uruguay, y no descartan vínculos con redes criminales de Paraguay y Brasil.
La causa se inició en julio de 2024 a partir de una denuncia de la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actual RENAR), que alertó sobre compras inusuales y transferencias sospechosas realizadas por usuarios particulares. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal Santiago Marquevich.
Entre los detenidos figuran cuatro presuntos organizadores de la red. El principal señalado es Ricardo Javier Mascato, empresario hotelero acusado de liderar la asociación ilícita mediante el uso de testaferros para la compra de armamento. También fue detenido Martín José Núñez, jubilado, señalado como encargado de reclutar prestanombres y gestionar credenciales, y Walter Horacio Moreno, ex oficial de la Policía de la Ciudad, quien habría actuado como instructor de tiro y facilitador de trámites, además de certificar transferencias.
En ese marco, se confirmó la detención de un mendocino involucrado en la causa, aunque su identidad permanece bajo reserva para no comprometer el avance de la investigación.
