La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, respaldó este martes la decisión del Gobierno nacional de poner fin a las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y consideró que la medida corrige un mecanismo que desde hace años generaba cuestionamientos dentro del sector.
Luego de que la Secretaría de Agricultura formalizara el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y dispusiera el cese del cobro compulsivo de aportes, Casado sostuvo que se trata de una discusión que ella misma había planteado tiempo atrás cuando ocupaba una banca legislativa.
"Cuando fui legisladora había planteado la posibilidad de que no fuera compulsivo el cobro de la Coviar", recordó, al tiempo que consideró llamativo que el Estado actuara como agente recaudador de una corporación de derecho público no estatal.
En ese sentido, la vicegobernadora cuestionó que el esquema vigente hasta ahora obligara a productores y establecimientos a cumplir con ese aporte bajo apercibimientos y sanciones si no pagaban en tiempo y forma. "Era raro que fuera recaudador de una corporación y que fuera obligatorio", señaló.
Para Casado, el punto central de la decisión oficial es que ahora cada actor de la cadena vitivinícola tendrá la posibilidad de elegir si continúa o no sosteniendo económicamente a la entidad.
"Lo fundamental acá es que se le da libertad a los diferentes aportantes a realizar o no el aporte a la Coviar", afirmó.
La dirigente mendocina además planteó que la continuidad del financiamiento quedará sujeta a la valoración que el propio sector haga sobre el trabajo desarrollado por la corporación en estos años.
Según explicó, si quienes venían aportando consideran que la función de Coviar ha sido positiva y útil para la vitivinicultura, podrán seguir acompañándola de manera voluntaria. Pero si entienden que el contexto económico no permite ese esfuerzo o no encuentran beneficios suficientes, estarán en condiciones de dejar de hacerlo.
"Si la función que ha tenido hasta ahora la Coviar ha sido aceptable y lo consideran así aquellos que son aportantes, seguramente lo seguirán haciendo en forma voluntaria", expresó.
Las declaraciones de Casado se conocen tras la publicación en el Boletín Oficial en la que el Gobierno resolvió el cierre formal del PEVI, retirarle a Coviar el financiamiento compulsivo y exigirle una rendición final de cuentas sobre los fondos administrados.
Su postura se alinea con la mirada desreguladora que impulsa la administración nacional y vuelve a instalar un debate de larga data dentro del sector: si la articulación institucional de la vitivinicultura debe sostenerse con aportes obligatorios o quedar librada a la voluntad de productores, bodegas y establecimientos involucrados.
