El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, encabezó este jueves una extensa conferencia de prensa para presentar el paquete de proyectos que el Gobierno provincial envió a la Legislatura y que combina incentivos fiscales para inversiones, una profunda reforma del sistema de financiamiento productivo y la reorganización de estructuras estatales.
El funcionario definió que el "hilo conductor" de las iniciativas es "continuar con el proceso de modernización del Estado y promoción de inversiones", en línea con el modelo económico que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo.
El núcleo del paquete está compuesto por dos medidas centrales: la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), recientemente aprobado por Nación, y la transformación del histórico Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que dejará de otorgar créditos directos al sector privado.
"El fondo se agotó", resumió Fayad al justificar la decisión de reformular uno de los organismos más emblemáticos de la política productiva mendocina de las últimas décadas.
Durante su exposición, el ministro sostuvo que el esquema de financiamiento estatal diseñado en los años noventa perdió sentido frente al desarrollo actual del sistema financiero privado y el agotamiento del capital original del Fondo.
"El fondo fue creado para manejar un volumen equivalente a casi mil millones de dólares de los noventa. Esa estructura hoy es muchísimo más pequeña. El capital del fondo es casi nulo", afirmó.
Según explicó, el organismo nació con recursos extraordinarios provenientes del litigio que Mendoza ganó a la Nación por regalías hidrocarburíferas, pero el paso del tiempo, los préstamos subsidiados y el desgaste macroeconómico terminaron licuando esos recursos.
"Cuando se presta a tasa real negativa, uno presta cien, recupera noventa, después presta noventa y recupera ochenta. Así el capital se va licuando", describió.
Fayad remarcó que la decisión no responde a un fracaso operativo del Fondo sino a un agotamiento estructural de su capacidad financiera. "No es un organismo que haya funcionado mal. Ha tenido poca mora y un alto recupero de créditos. El problema es que el stock con el que trabajaba se terminó", explicó.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno considera "mucho más efectivo" orientar los recursos públicos al subsidio de tasas y al fortalecimiento de sistemas de garantías para pymes.
"El sistema financiero está empezando a funcionar y creemos que es más eficiente aportar al financiamiento vía subsidio de tasas que dar crédito directo", sostuvo.
Actualmente, según precisó, el Fondo sostiene más de 40 mil millones de pesos en créditos subsidiados y continuará administrando esos compromisos vigentes.
Fayad insistió en que el escenario económico actual obliga a repensar el rol del Estado en el financiamiento productivo.
"El desafío macroeconómico hoy es cómo mover capital y trabajo hacia sectores más rentables, especialmente los vinculados a la exportación y a las ventajas competitivas que tiene Mendoza", afirmó.
Para eso, dijo, es indispensable ampliar el acceso al crédito. "Las empresas necesitan financiamiento para invertir. Y creemos que el sistema financiero, acompañado por herramientas provinciales, puede cumplir ese rol", señaló.
El ministro destacó que Mendoza es una de las provincias con menor presión tributaria sobre los préstamos productivos y remarcó que durante 2024 fue uno de los distritos donde más creció el crédito.
"Somos de las pocas provincias que no cobran sellos para préstamos destinados a inversión productiva y tenemos una de las alícuotas de Ingresos Brutos más bajas para el sistema financiero", argumentó.
Además, aclaró que la Provincia no tendrá restricciones para subsidiar créditos en pesos, UVA o dólares, siempre que estén orientados a proyectos de inversión. "Lo que queremos es que las inversiones sucedan", sintetizó.
El segundo gran capítulo del paquete es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por Nación como una versión orientada a pymes del RIGI.
El esquema nacional prevé beneficios fiscales como amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA para proyectos productivos.
Sobre esa base, Mendoza sumará incentivos propios, entre ellos estabilidad fiscal durante diez años, prioridad en programas de empleo, acceso preferente a financiamiento, capacitación técnica y prioridad en parques industriales.
Fayad explicó que la estabilidad fiscal implica dos garantías concretas para las empresas adheridas. "No se van a crear nuevos impuestos provinciales que afecten a quienes entren al régimen y tampoco podrán aumentarse las alícuotas existentes", afirmó.
El ministro sostuvo que la medida busca "cristalizar" por ley una política tributaria que, según dijo, la Provincia sostiene desde hace años. Mendoza hace casi diez años que no aumenta una alícuota de Ingresos Brutos y viene bajando Sellos. Queremos dejar eso escrito y darle seguridad jurídica a quienes invierten", planteó.
También explicó que la Provincia no incorporará sectores prioritarios específicos dentro del régimen para evitar generar nuevas estructuras burocráticas de evaluación. "Preferimos que cualquier proyecto que acceda al régimen nacional tenga automáticamente los beneficios provinciales", indicó.
Los umbrales de inversión establecidos por Nación parten desde 600 mil dólares para pequeñas empresas, 3,5 millones para medianas tramo uno y 9 millones para medianas tramo dos.
Otro de los aspectos abordados por Fayad fue el futuro de los trabajadores del Fondo para la Transformació uno de los organismos alcanzados por el paquete de reformas.
El funcionario aseguró que muchos empleados serán reubicados en distintas áreas del Estado provincial. "Hay organismos que necesitan personal y desde enero no cubrimos vacantes porque sabíamos que íbamos en esta dirección", explicó.
Como ejemplo mencionó la Administración Tributaria Mendoza (ATM), donde -según dijo- el personal se redujo a la mitad en la última década. "Muchos trabajadores del Fondo tienen experiencia en recupero y gestión de cobro, capacidades que pueden aprovecharse en otros organismos", afirmó.
El proyecto contempla además un esquema de retiro voluntario con indemnización equivalente al 120% de la prevista en el Estatuto del Empleado Público.
Quienes no acepten esa opción ni sean reubicados pasarán a disponibilidad durante seis meses antes de una eventual desvinculación.
La iniciativa también incluye el saneamiento de antiguas carteras crediticias heredadas de los ex bancos provinciales privatizados en los años noventa.
Fayad fue particularmente gráfico al describir la situación de muchos de esos activos. "¿Cuánto vale un crédito que durante treinta años no pudiste cobrar? Vale cero", afirmó.
Incluso aseguró que algunos bienes terminaron generando más costos que beneficios para la Provincia. "Hay propiedades que implican gastos de seguridad, mantenimiento y litigios. Algunas cuestan más de lo que podrían recuperar", explicó.
El Gobierno buscará declarar incobrables ciertos créditos, liberar hipotecas y cerrar procesos judiciales que todavía siguen abiertos. "Queremos liberar propiedades productivas que llevan décadas paralizadas y eliminar contingencias judiciales innecesarias", señaló.
El paquete también contempla una reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Según Fayad, la caída del juego presencial y el avance de las plataformas online modificaron profundamente la estructura del sector. "Hay unidades que no alcanzan a cubrir ni un tercio de sus costos", sostuvo.
Por eso, el Ejecutivo pretende concentrar la actividad estatal únicamente en sectores rentables. "El Estado no puede sostener unidades de negocio que requieren financiamiento permanente del erario público", argumentó.
El ministro recordó además que parte de la recaudación del juego financia compras de equipamiento para Salud, por lo que el Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal del organismo.
