Una denuncia anónima al 911 fue clave para rescatar en San Juan a una adolescente que, según determinó la Justicia Federal, había sido víctima de una unión forzada, violencia y explotación durante años.
El caso derivó en la condena a 10 años de prisión para tres integrantes de una familia, acusados de trata de personas agravada.
Por tratarse de una menor de edad, se preserva su identidad y la de otros menores involucrados en la causa.
La investigación comenzó en abril del año pasado en el departamento de Caucete, cuando una persona alertó sobre el posible secuestro de una joven. A partir de ese llamado se activó un operativo policial que permitió interceptar el vehículo en el que trasladaban a la adolescente junto a su hijo pequeño.
De acuerdo con la causa judicial, la víctima había sido trasladada por distintas provincias y sometida a múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia. Entre las situaciones detectadas por los investigadores figuran: violencia física y psicológica, explotación laboral, restricciones en el acceso a la salud, privación alimentaria, aislamiento y control permanente.
La causa fue investigada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, con intervención de Gendarmería Nacional y organismos especializados en trata de personas.
Durante el juicio, los fiscales remarcaron que ninguna práctica cultural puede justificar la vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Además de las condenas, el Tribunal Oral Federal ordenó medidas de reparación económica para la víctima.
El caso volvió a poner el foco en la importancia de denunciar situaciones de violencia, explotación o privación de la libertad. Desde los organismos judiciales recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y que una intervención temprana puede ser determinante para proteger a las víctimas.
