La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar el artículo 197 de la Constitución Provincial y avanzar en el reconocimiento pleno de la autonomía municipal. La iniciativa obtuvo 28 votos afirmativos y 10 negativos, completando así su sanción legislativa luego del visto bueno previo en Diputados. Ahora, el proceso ingresará en una nueva etapa clave: la consulta popular obligatoria prevista por la propia Constitución mendocina.
La reforma apunta a adecuar la Constitución de Mendoza a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que obliga a las provincias a garantizar la autonomía municipal en sus aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Mendoza es una de las provincias que aún no había incorporado plenamente ese principio en su carta magna.
Durante el debate en el Senado, Walther Marcolini, defendió la iniciativa al señalar que busca "saldar una deuda histórica" del sistema institucional mendocino. El proyecto habilita a cada municipio a dictar su propia Carta Orgánica mediante convenciones municipales especialmente convocadas, aunque también prevé que quienes no quieran avanzar con ese mecanismo continúen rigiéndose por la actual Ley Orgánica de Municipalidades.
Entre los cambios más relevantes, las comunas podrán definir su propia organización institucional y establecer el sistema de renovación de los concejos deliberantes, eliminando la obligación constitucional vigente de renovar las bancas por mitades cada dos años. También se ratifica la participación municipal en la coparticipación provincial y se delimitan las competencias tributarias locales, dejando en claro que los municipios no podrán crear impuestos, sino únicamente cobrar tasas, derechos y contribuciones vinculadas a servicios o mejoras.
Sin embargo, la aprobación legislativa no implica todavía la entrada en vigencia de la reforma. El paso inmediato será la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo provincial. Luego deberá activarse el mecanismo establecido en el artículo 223 de la Constitución de Mendoza, que regula las enmiendas de un solo artículo constitucional.
Ese artículo establece que, una vez sancionada la ley de enmienda por dos tercios de ambas cámaras, la modificación debe someterse a votación popular "en la próxima elección de diputados". Es decir, la ciudadanía mendocina deberá pronunciarse en las urnas a favor o en contra de la reforma. Si la mayoría de los electores vota afirmativamente, la enmienda quedará aprobada e incorporada definitivamente al texto constitucional.
Allí aparece uno de los puntos políticos y jurídicos más relevantes del proceso. Diversos constitucionalistas y dirigentes opositores recuerdan que el sistema mendocino es especialmente rígido y que históricamente se interpretó que la aprobación requiere el voto afirmativo de la mayoría del padrón electoral total, y no solamente de quienes efectivamente concurran a votar. Ese antecedente ya generó debates en reformas anteriores y podría volver a instalarse en la discusión pública durante la campaña previa a la consulta popular.
En caso de superar esa instancia, comenzará una segunda etapa institucional: cada municipio deberá decidir si avanza o no en la redacción de una Carta Orgánica propia. Para hacerlo, las comunas tendrán que convocar convenciones municipales con mecanismos similares a los utilizados para las reformas constitucionales. Allí podrán discutir desde la organización política local hasta sistemas electorales, estructuras administrativas y normas de funcionamiento interno.
El Gobierno provincial sostiene que la reforma permitirá modernizar el régimen municipal mendocino y evitar conflictos de interpretación sobre el alcance de las autonomías locales. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo argumentó que el objetivo es construir "un marco uniforme" que otorgue previsibilidad institucional y adecue el derecho público provincial a los lineamientos nacionales.
La discusión, de todos modos, recién comienza. En los próximos meses el debate probablemente se trasladará al terreno político y electoral, donde oficialismo y oposición buscarán posicionarse sobre una reforma que puede modificar de manera profunda la relación entre la Provincia y los municipios mendocinos.
