La Justicia de Tandil condenó a una entidad bancaria a devolver el dinero que un cliente perdió tras una estafa virtual y consideró que el banco incumplió con su deber de seguridad al no detectar movimientos sospechosos ni activar mecanismos de alerta.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Tandil, que ordenó a la entidad financiera restituir los fondos sustraídos, pagar una indemnización por daño moral y abonar un daño punitivo. La suma total de la condena asciende a 4.074.000 pesos más intereses.
El caso se originó el 14 de marzo de 2023, cuando la víctima intentó realizar una compra con tarjeta de débito y, tras detectar un inconveniente con el plástico, buscó asistencia telefónica por internet. Según consta en el expediente, el hombre terminó contactando a delincuentes que simulaban pertenecer a la empresa emisora de la tarjeta.
Durante la comunicación, los estafadores solicitaron datos personales, claves bancarias y códigos token bajo el argumento de solucionar el problema. Con esa información lograron ingresar a la cuenta bancaria y concretaron cinco transferencias por un total de 574 mil pesos.
La víctima advirtió los movimientos minutos después, cuando intentó ingresar nuevamente al home banking y detectó el faltante de dinero. Inmediatamente realizó la denuncia y la cuenta fue bloqueada.
En su defensa, el banco sostuvo que el cliente actuó con negligencia al compartir información confidencial fuera de los canales oficiales y remarcó que la entidad cumple con las medidas de seguridad exigidas por el Banco Central.
Sin embargo, la sentencia valoró especialmente el informe de una perito informática que confirmó que las operaciones se realizaron desde una dirección IP remota y hacia destinatarios no habituales, sin que el sistema bancario emitiera alertas o bloqueos automáticos.
El juez entendió que la entidad financiera no contaba con herramientas suficientes para detectar operaciones irregulares y remarcó que el crecimiento de las estafas digitales obliga a los bancos a implementar mecanismos de seguridad más sofisticados para proteger a sus clientes.
En los fundamentos del fallo también se destacó que, aunque el usuario entregó sus datos, esa situación no fue considerada la causa principal del daño. Según la resolución, la responsabilidad recayó en la falta de controles y medidas preventivas adecuadas por parte del banco.
Además de ordenar la devolución del dinero robado, la Justicia reconoció el impacto emocional que sufrió la víctima tras el episodio. El tribunal tuvo en cuenta que los fondos estaban destinados a gastos vinculados a la salud y planificación familiar y que la situación generó angustia, pérdida de confianza y dificultades personales.
