Cristina pide cobrar dos jubilaciones de privilegio

Jueves, 17 de mayo de 2018

La ex presidente mantiene en la Justicia un millonario reclamo contra el Estado

Durante 2016 se le suspendió el pago de la asignación de expresidenta porque ya cobraba la de Néstor; cada una ronda los $180.000

Ahora, Cristina Kirchner, pretende cobrar tanto la jubilación de expresidenta como la prestación que, por el mismo régimen especial, se derivó del fallecimiento del también expresidente Néstor Kirchner, sin tener que optar por una de las dos. El pago de la primera de esas asignaciones (conocidas como de privilegio) fue suspendido en diciembre de 2016 y, por eso, la senadora busca también que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la Corte Suprema, a quienes no se les retiene impuestos).

El beneficio vitalicio de expresidenta le había sido otorgado a Cristina por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social emitida en 2015 -poco antes de que finalizara su mandato-, cuando al frente de esa cartera estaba su cuñada, Alicia Kirchner. Entonces, ya percibía la asignación heredada tras la muerte de Néstor Kirchner.

En noviembre de 2016, meses después de que había trascendió el cobro del doble ingreso, la actual ministra Carolina Stanley dispuso, a través de la resolución 1768 y tras evaluar un dictamen del entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín, que la exmandataria debía optar por uno de los dos pagos. Y se suspendió uno de ellos. La ley 24.018 establece en su artículo 5 que la percepción de la asignación de expresidente es "incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal".

En marzo último y según datos de la Anses, el beneficio en curso de pago -el correspondiente a Néstor- fue de $285.937 (bruto) o de $176.744 (neto). La prestación suspendida fue de $292.717 (bruto) o de $180.520 (neto). El monto de cada beneficio equivale a unas 12 veces el haber jubilatorio promedio del sistema de la Anses. Y a 23 veces la jubilación mínima.

Tras ver suspendido el pago de una asignación, Cristina inició un juicio. En la demanda de la causa "Fernández, Cristina Elisabet c/Ministerio de Desarrollo Social s/Nulidad de acto administrativo", se argumenta que no es por cumplir la ley que no se abonan ambos beneficios, sino que es por una persecución "política, judicial y mediática", a la cual se suma, con la decisión de suspender el pago, "un ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente desde el mismo Poder Ejecutivo".

El reclamo, presentado en abril de 2017 con el patrocinio de los abogados Facundo Fernández Pastor, Miguel Ángel Fernández Pastor, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, pidió la nulidad de la resolución que suspendió el pago.

La ley no aclara que las prestaciones que fijan la incompatibilidad sean solo las del régimen general. Y la Procuración concluyó que existe la restricción en el caso de asignaciones de un sistema especial o de privilegio (que se otorgan por el hecho de haber ejercido un cargo y sin las exigencias tienen los trabajadores en general en cuanto a edad y aportes).

En febrero último, la jueza Viviana Piñeiro, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 10, suspendió el dictado de una sentencia hasta la resolución de otra causa: una en la cual se acusaba a dos funcionarias de Desarrollo Social de "fraude en perjuicio de la administración pública", por haber dictaminado en su momento que había derecho a la asignación.

En marzo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, con la firma de los jueces Jorge Ballestero (quien renunció recientemente) y Leopoldo Bruglia, resolvió que la conducta de las funcionarias no configuraba delito, "sino solo la expresión de un criterio que, como jurídico, es opinable".

Resuelta esa controversia, Piñeiro deberá decidir si se debe pagar a Cristina una doble asignación. Se descuenta que, en última instancia, el tema llegará a la Corte Suprema.

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