Rotundo rechazo de Productores y bodegueros a Proyecto de Ley de Cornejo

Martes, 12 de junio de 2018

Los planteos del proyecto en cuestión, lejos de contemplar la complicada situación de la vitivinicultura, atacan directamente a la baja rentabilidad, alegò la entidad.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael a través de su Específica de Bodegueros, en relación al Proyecto de Ley para la Campaña de Lobesia Botrana comunica:

El profundo e irreversible desacuerdo con el punto contemplado en el Proyecto de Ley que obliga a los productores poseedores de más de 5 hectáreas a pagar $1.500 por hectárea para la Campaña contra la Lobesia Botrana y designa inconsultamente a las bodegas y cooperativas como agentes de retención para aquellos que no cumplan con el pago de dicho monto, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

La Específica de Bodegueros suma a este reclamo, tras una reunión realizada el 6 de junio, a la Específica de Agricultura, Federación Agraria, Sociedad Rural de San Rafael, Cámara de General Alvear, Centro de Bodegueros de Gral. Alvear, Asociación de Viñateros de Mendoza, bodegas y productores del sur.

Los planteos del proyecto en cuestión, lejos de contemplar la complicada situación de la vitivinicultura, atacan directamente a la baja rentabilidad tras dos años de estancamiento en el precio del vino, el incremento de costos, tarifas y presiones impositivas, sumado a los elevados porcentajes de inflación y un 10% de baja posible en el precio de la uva la próxima temporada. Otro dato a considerar es el rendimiento del Departamento que es de 50 quintales por hectárea en comparación a Mendoza con 96.

Esta Cámara, de ninguna manera, niega la importancia vital de las campañas realizadas y las previstas en adelante, para erradicar la polilla de la vid en la Provincia de Mendoza y considera imprescindible que las acciones sean de alcance NACIONAL para garantizar la efectividad.

El oasis sur de la Provincia posee un impacto de la plaga mucho menor que los demás focos de incidencia, esto ha sido posible por los esfuerzos de los productores que han cumplido perseverantemente con las tareas indicadas en las campañas anteriores. En esta zona sólo se aplica la técnica de difusores de confusión sexual, sin necesidad de vuelos o utilización de insecticidas o bacterias.

El monto de $150.000.000 que el Gobierno Provincial pretende que aporten los privados, ampliamente han sido participados por la cadena productiva vitivinícola, que contribuye con el 46% en impuestos hasta que el producto llega al consumidor, un hecho no menor, considerando que, cada centavo de estos impuestos, proviene de productores e industriales que generan empleo, crecimiento y soporte a todo un sistema estatal.

Es necesario remarcar que la medida además incentiva la proliferación del minifundio al eximir a los poseedores de menos de 5 ha. y continúa castigando a quienes más aportan con fincas de mayor envergadura e incita a generar una brecha entre productores, cooperativas y bodegas "nombradas" agentes de retención.

La plaga ingresó por la falta de control de SENASA, un organismo que funciona con la contribución de todos nosotros y los impuestos que pagamos, por lo que no estamos dispuestos a pagar por los errores de un sistema ineficiente.

Si el Gobierno no posee hoy recursos para afrontar la campaña, menos puede tener un productor para cubrir la mitad del presupuesto total, considerando que Nación dispondrá sólo de 80 millones de pesos más un remanente de la campaña anterior de 20 millones y que la Provincia destinará sólo 50 millones.

Se solicita el tratamiento responsable que amerita un tema tal, con incidencia nacional y que coloca en peligro a una de las actividades más importantes de nuestra región. Aclaramos además que de ninguna manera se aceptará la discontinuidad de las acciones para la erradicación de la polilla, con la advertencia de que, de no realizarse la lucha contra la plaga, alegando la negación al pago de los $1.500 por hectárea por parte de los productores, serán el Gobierno Provincial y Nacional, quienes deban responder por las pérdidas y daños ocasionados.

Todos los involucrados en este comunicado expresan su voluntad de acompañar al Gobierno Provincial en las gestiones necesarias para lograr el aporte de la Nación, pero de ninguna manera aceptan esta medida que, como otras que ya se han implementado, continúan destruyendo a la vitivinicultura.


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