El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, una herramienta orientada a fomentar las inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas en todo el país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 242/26, en el marco de la Ley 27.802, y tendrá una vigencia de dos años. El objetivo central es dinamizar la economía, fortalecer las cadenas de valor y promover la generación de empleo genuino.
El RIMI está dirigido a empresas que, por su escala, no acceden al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Para ingresar al programa, las inversiones deberán alcanzar montos mínimos que varían según el tamaño de la firma: desde 150 mil dólares para microempresas hasta 9 millones de dólares para medianas tramo 2.
Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de acceder a un esquema de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, lo que permite a las empresas mejorar su flujo de caja y su capacidad financiera. Este incentivo alcanza tanto a bienes de capital como a equipamiento tecnológico.
Además, el régimen contempla la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA vinculados a las inversiones productivas, que podrá concretarse a partir de los tres meses de realizada la inversión.
En el caso del sector agropecuario, el RIMI incorpora un esquema especial sin monto mínimo, que incluye inversiones en sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes. Estas inversiones podrán amortizarse en un plazo de un año, lo que representa un fuerte incentivo para la producción.
También se contemplan beneficios para proyectos de eficiencia energética, incluyendo la incorporación de energías renovables y la modernización de equipamiento industrial.
Desde distintos sectores empresariales valoraron la iniciativa como una herramienta positiva para estimular la inversión, aunque advirtieron que su impacto dependerá del contexto económico y de la capacidad de las empresas para afrontar los montos requeridos.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca consolidar un esquema de incentivos que amplíe las oportunidades de crecimiento para las PyMEs y contribuya a mejorar la competitividad del entramado productivo nacional.
