Ante la proliferación de amenazas en establecimientos educativos, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza activó y reforzó un protocolo específico para actuar frente a casos de intimidación pública vinculados a los llamados "retos virales", un fenómeno que, según advierten, busca generar pánico y desestabilizar la vida escolar.
El documento, destinado a equipos directivos, supervisores y Servicios de Orientación Escolar (SOE) del nivel secundario, pone el foco en un concepto clave: el "efecto copycat" o mimetismo. Se trata de conductas imitativas en las que estudiantes replican amenazas o acciones violentas previamente difundidas en redes sociales o medios, con el objetivo de obtener notoriedad y alterar el orden institucional.
En ese marco, el protocolo establece que la prioridad no debe ser la suspensión de clases, sino evitar amplificar el miedo. "Si la institución paraliza su actividad, se refuerza la conducta transgresora", señala el lineamiento. Por eso, la indicación es sostener la presencialidad, pero con condiciones de seguridad reforzada y un control exhaustivo de lo que ocurre dentro de las escuelas.
Entre las medidas preventivas, se dispone que los celadores realicen inspecciones diarias en baños, aulas y espacios comunes al inicio de la jornada. Ante cualquier hallazgo sospechoso -ya sea un mensaje intimidante o un objeto peligroso-, se debe preservar la escena y evitar su difusión por canales no oficiales.
Además, se implementa un esquema de acompañamiento en sectores sensibles como sanitarios y patios, con presencia adulta permanente para prevenir situaciones de riesgo. De manera excepcional, también se sugiere limitar el ingreso de pertenencias: los estudiantes deberán asistir únicamente con carpeta y cartuchera, sin mochilas, como forma de reducir posibles amenazas.
En caso de detectar una intimidación concreta, el protocolo es taxativo: se debe llamar de inmediato al 911 para dar intervención a las fuerzas de seguridad, notificar a las autoridades educativas y preservar la evidencia mediante registro fotográfico. Luego, el mensaje debe ser eliminado rápidamente para evitar su viralización.
Otro eje central es la comunicación. Desde la DGE se indica emitir comunicados oficiales a las familias sin reproducir el contenido de la amenaza, con el objetivo de no generar alarma innecesaria. A la vez, se promueve la corresponsabilidad familiar: abrir espacios de diálogo en el hogar, supervisar redes sociales y pertenencias, y advertir sobre las consecuencias legales de estas conductas.
En la misma línea, se prohíbe expresamente que docentes o personal escolar difundan este tipo de aciones en sus redes personales, para evitar desinformación o amplificación del conflicto. También se solicita articular con escuelas primarias de la zona para anticipar posibles réplicas en niveles más bajos.
El abordaje incluye un componente clave de salud mental. Los equipos de orientación deberán brindar primeros auxilios psicológicos a estudiantes afectados, intervenir en las aulas para contextualizar lo ocurrido y trabajar en la desescalada del miedo colectivo, reforzando la idea de la escuela como un espacio seguro.
Finalmente, desde el organismo recuerdan que estas acciones están tipificadas como intimidación pública y pueden derivar en sanciones bajo el Código Contravencional. Incluso, se contempla la responsabilidad civil de los padres por los costos operativos que generen este tipo de amenazas.
Protocolo de Actuación Ante Amenazas de Intimidación Pública o Retos Virales en Instituciones Educativas. by redacciondiariomy
Con este protocolo, el sistema educativo busca responder a un fenómeno creciente que combina redes sociales, conductas imitativas y violencia simbólica, sin perder de vista un objetivo central: sostener la escuela en funcionamiento y proteger a la comunidad educativa sin caer en el pánico.
