Un escenario de fuerte tensión institucional se abre en San Carlos tras conocerse que el concejal electo Marcelo Romano podría no asumir su banca, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena por "atentado a la autoridad agravado".
La sentencia judicial establece una pena de 10 meses de prisión en suspenso y, además, una inhabilitación por 20 meses para ejercer cargos públicos, un punto clave que ahora pone en duda su acceso efectivo al cargo pese a haber sido elegido por el voto popular.
Frente a este escenario, el caso quedó en manos de la Comisión de Poderes del Concejo Deliberante local, que deberá analizar si Romano se encuentra en condiciones legales de asumir su banca o si la inhabilitación vigente constituye un impedimento formal.
La situación abre un debate político y jurídico en el departamento, ya que enfrenta dos principios en tensión: por un lado, la voluntad expresada en las urnas y, por otro, el cumplimiento de una condena firme que limita el ejercicio de funciones públicas.
El desenlace del caso podría sentar un precedente a nivel local sobre cómo se resuelven este tipo de situaciones, en un contexto donde la legalidad y la representación democrática entran en conflicto.
