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El Gobierno de Mendoza oficializó este martes la Ley Nº 9706, una normativa clave que establece un marco regulatorio integral para la recolección, transporte, descarga y disposición final de efluentes cloacales e industriales en todo el territorio provincial. La medida, publicada en el Boletín Oficial, apunta a reforzar los controles ambientales, ordenar la actividad y garantizar la protección del recurso hídrico.
La nueva legislación fija condiciones específicas para empresas transportistas, operadores y generadores de residuos líquidos, quienes deberán ajustarse a exigencias técnicas y operativas para poder desarrollar sus actividades. En ese sentido, se establece que solo podrán prestar servicios aquellas firmas que cuenten con habilitación vigente otorgada por la autoridad competente.
La norma designa al Departamento General de Irrigación (DGI) como autoridad de aplicación, organismo que tendrá a su cargo la fiscalización, habilitación y control de todas las actividades vinculadas al traslado y tratamiento de efluentes. De esta manera, se centraliza la supervisión en un ente con competencia directa sobre el manejo del agua en la provincia.
Entre los principales puntos, la ley crea el Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas y jurídicas que operen camiones atmosféricos u otros vehículos destinados a estas tareas. La inscripción será un requisito indispensable para funcionar dentro del marco legal.
Asimismo, la normativa incorpora herramientas tecnológicas para fortalecer los controles, como la implementación de sistemas de monitoreo y geolocalización satelital en los vehículos habilitados. Este mecanismo permitirá garantizar la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final, reduciendo riesgos de prácticas irregulares.
Otro aspecto central es la obligatoriedad de utilizar un "Manifiesto de Carga" electrónico, que tendrá carácter de declaración jurada. Este documento deberá incluir información detallada sobre el generador del efluente, el transportista, las características de la carga y el operador de destino, consolidando así un sistema de control más riguroso y transparente.
La ley también establece prohibiciones concretas, como la descarga de efluentes en sitios no autorizados, la mezcla de distintos líquidos durante el transporte y el almacenamiento de las cargas por más de 48 horas. Estas restricciones buscan evitar impactos negativos en el ambiente y prevenir la contaminación de suelos y cursos de agua.
En caso de incumplimientos, el régimen contempla sanciones que van desde apercibimientos y multas económicas hasta la suspensión de actividades, clausuras y decomisos. Además, se impone la obligación de recomponer los daños ambientales que pudieran generarse como consecuencia de infracciones.
Con esta normativa, Mendoza avanza en la consolidación de un sistema más estricto y moderno para la gestión de efluentes, con el foco puesto en la trazabilidad, la responsabilidad de los actores involucrados y la preservación de los recursos naturales.
